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Aunque haya llegado a nuestro país con décadas de retraso, la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal "que entró en vigor el año pasado" es una de las mejores noticias que podíamos recibir, especialmente para los miles de ciudadanos que ven recortados sus derechos y su calidad de vida a causa de sus vecinos morosos y de aquéllos que crean toda clase de problemas con los ruidos, las basuras y demás. Si en algo se distingue España de otros países de su entorno es en la clásica picaresca que hace que aquí nos tomemos menos en serio toda clase de fraudes, timos, estafas y sinvergonzadas. Y en el ámbito de las comunidades de propietarios, la picaresca está "o estaba hasta hace un año" a la orden del día. Son muchos, muchísimos, los dueños de un piso o local que consideran que eso de pagar religiosamente las cuotas de la comunidad es una majadería y que es mejor dejar que la casa se caiga a trozos antes de abonar cantidades respetables que permitan realizar una importante mejora de la finca. Eso, que todos conocemos más o menos de cerca, empieza a terminarse.

Y todo gracias a una ley que, ya lo decimos, debía haber llegado mucho antes. Pero, aun así, bienvenida. Con el texto legal en la mano, las comunidades de propietarios han rebajado ya "en sólo unos meses" el cuarenta por ciento de la morosidad que soportaban y que, en nuestras islas, asciende nada menos que a trescientos millones de pesetas. Todavía quedan otros cuatrocientos millones pendientes de cobro, pero todo parece indicar que a partir de ahora será más fácil recuperarlos y, de paso, mediante la aplicación de esa misma ley, deshacerse de esos vecinos caraduras que pretenden imponer su molesto estilo de vida a todos los habitantes de su finca, aunque para ello haya que recurrir incluso al embargo.