Las comunidades de propietarios de Balears han recuperado en el
último año, y tras la entrada en vigor de la Ley de Propiedad
Horizontal, hasta un 40% de los 700 millones de pesetas que
adeudaban hasta 1998 los vecinos morosos. Jaime Morey, presidente
del Colegio de Administradores de Fincas de Balears, confirmó que
la nueva normativa «ha agilizado los procedimientos judiciales en
contra de los morosos» y cifró en un 40% el descenso de la deuda.
La cantidad de 700 millones (30.000 millones en toda España) en las
Islas es un cálculo efectuado por Daniel Loscertales, ponente del
nuevo texto legal.
El pago de las cantidades atrasadas en concepto de cuotas
cobradas por las comunidades de propietarios, no ha frenado, en
cambio, los procedimientos de embargos de pisos entre los vecinos
más reacios a ponerse al día en sus obligaciones económicas. De
hecho hay abiertos más de diez procesos desde que entró en vigor la
Ley.
Jaime Morey aseguró que los asuntos judiciales de esa naturaleza
«van mucho más rápidos que antes». «Además», precisó, «han
desaparecido muchos problemas en las comunidades, porque los
clásicos morosos de solemnidad, que siempre provocaban problemas en
las juntas, con la nueva ley no tienen derecho a voto. Por ello,
las juntas no son tan traumáticas como antes». La nueva ley
establece que la reclamación judicial de deudas puede tramitarse en
dos meses, en lugar de los casi dos años que eran necesarios hasta
1998. Si el deudor no paga no comparece en el juicio, el juez dicta
el embargo del piso o local. El moroso no puede votar en las Juntas
de Propietarios, ni impugnar los acuerdos que en ella se tomen.
Para hacer más eficaz la ley, en las transmisiones de viviendas y
locales, el notario exige una certificación expedida por el
secretario de la comunidad haciendo constar si ese piso está al
corriente de sus pagos.
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