El Gobierno de Francesc Antich ha conseguido, con un juego
malabar, lo que parecía imposible: contentar a la presidenta de
Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, en sus aspiraciones
autonomistas, y a la vez intentar cumplir los consejos que le dio
el Consell Consultiu a la hora de organizar la estructura política
de los consells insulars de las tres islas.
Estamos asistiendo a la cuadratura del círculo, verdaderamente,
en la que la principal beneficiaria de este arreglo será Maria
Antònia Munar, que podrá nombrar los consellers no electos que
tanto anhelaba a través de una Ley hecha a su medida. El
equilibrio, tan difícil de conseguir, ha consistido en posibilitar
que cada uno de los tres consells se organice como quiera, que
asuma las competencias que quiera "de las que le traspase el
Govern" y que nombre o no consellers no electos a su conveniencia.
Eso sí, los no elegidos tendrán que someterse a un control político
que queda en el texto legal sin definir, es decir, que también cada
uno de los consells podrá ejecutar ese control a su manera. Hay que
felicitarse de que el Govern rectifique y asegure ese
imprescindible control. Y matizar que el deseo de que cada isla
cuente con un gobierno propio, para gestionar las competencias
transferidas, no implica que ese órgano ejecutivo esté formado
necesariamente por no electos, salvo que el partido gobernante, en
este caso UM, no disponga de diputados suficientes.
En principio la propuesta suena un poco alocada, pues
generalmente las leyes se elaboran con el objetivo de regular una
serie de actividades y en esta ocasión ocurre todo lo contrario. Si
se aprueba la ley tal como se ha adelantado, todo parece indicar
que cada isla tendrá un consell con unas características tan
específicas que no guardarán ninguna relación entre sí. El tiempo
dirá si esto es bueno para Balears y para cada isla.
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