La delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer, ya ha remitido
al Ministerio de Administraciones Territoriales el decreto de
protocolo aprobado por el Govern, y que entró en vigor el 15 de
enero. Delegación del Gobierno no descarta que dicho decreto sea
incompatible con el real decreto de protocolo y que, por lo tanto,
pueda ser objeto de un recurso.
«Todavía no podemos anticipar nuestra posición porque el decreto
está en estudio en la Comisión de seguimiento de las comunidades
autónomas», precisó Cirer, que remitió a Madrid el acuerdo del
Ejecutivo autonómico pocos días después de su entrada en vigor.
Cirer señaló a este periódico que Delegación del Gobierno podría
presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Balears y que, incluso, podría acudirse al Tribunal
Constitucional.
«Yo no represento mejor los intereses del Estado por estar en un
sitio u otro en los actos protocolarios, pero lo que es evidente es
que Maria Antònia Munar ya no ocupa el mismo puesto que antes»,
comentó Cirer. El Gobierno central ya ha impugnado decretos de
protocolo aprobados en otras comunidades ya que considera que esta
es una competencia del Estado, y no autonómica. El decreto de
protocolo es una de las imposiciones de Unió Mallorquina entre los
acuerdos para hacer posible el pacto de gobierno en la Comunitat
Autònoma.
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