La Conselleria de Medi Ambient reconoció ayer que el estado de las
reservas de agua en Baleares es «alarmante» y «va a peor», pero «no
es una situación nueva» y es fruto de «un crecimiento descontrolado
tanto urbanístico como turístico y de una política hídrica basada
en la oferta de agua a cualquier precio».
La consellera, Margalida Rosselló, criticó el «alarmismo» creado
por EMAYA en torno a la falta de agua y aclaró que en Mallorca, la
diferencia entre enero de 1999 y enero del 2000, con unos recursos
existentes de un 40'6 y 36'7% respectivamente, «no es tan
importante como se quiere hacer creer» y acusó a la empresa de
«hacer electoralismo».
Rosselló avanzó ayer que la reordenación de la política hídrica
que el Pacte de Progrés ha planificado incluye una subida del
precio del agua (incentivando el buen uso del agua), «pues se trata
de un bien escaso y tiene su precio, además no se puede fomentar el
ahorro y, a la vez, subvencionar el consumo», añadió el director
general de Recursos Hidráulicos, Antoni Rodríguez. Éste defendió
que el incremento del precio del agua debe destinarse a la
preservación de los recursos.
Según los datos de los que dispone el Govern, y que aún
contrasta con los aportados por EMAYA, la situación más dramática
la padece Menorca, mientras que Eivissa y Formentera dependen desde
el año 1990 de las desaladoras.
Así, las cosas, la política que se pretende acometer desde ya
pasa por un plan de ahorro y eficiencia en el uso del agua que
afectará a nuevos edificios y a la gestión de la demanda de los
grandes consumidores (hoteles, instalaciones deportivas y
portuarias).
Son también objetivos el desarrollo de un plan de actuaciones en
las zonas afectadas por la contaminación por nitratos, la
redifinición de la estructura de la Administración Hidráulica de
Balears, la nueva regulación del canon del agua, en la que ahora se
trabaja, la regulación del precio del agua y la aprobación de una
normativa sobre sondeos, concesiones y autorizaciones de aguas
subterráneas. Al respecto, Rodríguez calificó de «disparatadas»
algunas de las 1.600 autorizaciones de nuevos pozos concedidas el
año pasado.
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