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La Plataforma en Defensa del Pla de Tramuntana y de los Acuíferos de Palma, formada por 32 asociaciones de vecinos, culturales y federaciones, y que representa a un colectivo de 22.000 personas, ha exigido la dimisión de la consellera de Medi Ambient, Margalida Rosselló, por «haber consentido y mantenido una postura inflexible ante un Plan de Residuos desastrosamente centralizado y masificado», según señala su directiva.

Los integrantes de la plataforma afirman que también debe presentar su dimisión, «sin más dilaciones», el director general de Residuos (Nicolau Barceló) por «haber hecho una chapuza digna de un tebeo», al tiempo que aconsejan al presidente del Govern, Francesc Antich, a que vote en contra del Plan de Residuos. «Debe (Antich) exigir responsabilidades políticas a una Conselleria (de Medi Ambient) que no ha sabido elaborar un plan coherente y respetuoso con las comunidades legalmente establecidas en Marratxí, Bunyola y Palma». Según la plataforma, «el Plan de Residuos no tiene consideración ni respeto por la calidad de vida de miles de mallorquines, por culpa de un proyecto diseñado y estudiado por nuestros políticos, perfectos conocedores de los núcleos afectados y de las inaceptables distancias de las industrias insalubres, molestas, nocivas y peligrosas, sin el más mínimo respeto a las familias que residen en la zona desde hace más de 30 años». Además señalan que «no es lógico emplear 430.000 metros cuadrados de suelo rústico para ubicar un polígono, cuando hay varios proyectos de ampliación y construcción de polígonos, pero ello ha sido posible porque los criterios que han movido a este gobierno han sido económicos y políticos».

Los integrantes de la plataforma apuntan que «el Govern balear lo conforman cinco partidos políticos y en teoría las resoluciones que adopta deberían haberse consensuado entre todas las fuerzas políticas, y los ciudadanos de Balears tendríamos que escuchar una sola voz, pero sobre el tema de los residuos sólidos hemos podido constatar como dos partidos (Esquerra Unida y el Partit Socialista Mallorquí-Entesa Nacionalista) han presentado sendas alegaciones en contra de la centralización de todas las instalaciones en una única zona, y de la ubicación del polígono que se situaría en una zona rústica, el depósito de cenizas y escorias».