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La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha desestimado un recurso presentado por la compañía GESA en contra de la liquidación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, y le obliga a pagar 1.155 millones de pesetas correspondiente al ejercicio de 1996. GESA interpuso el recurso en 1998, al igual que otras importantes empresas estatales, como Repsol y Telefónica, que no estuvieron de acuerdo en abonar el denominado impuesto ecológico creado por la Comunitat Autònoma de Balears con el objetivo de financiar proyectos. La compañía mallorquina centró su demanda en que «concurren conculcación de los principios constitucionales que regulan el poder tributario de las comunidades autónomas, de modo que se sostiene la inconstitucionalidad de la Ley 12/91».

La sentencia señala que «la Comunitat Autònoma está constitucionalmente legitimada para el establecimiento de impuestos cuyo fin sea obtener recursos para hacer frente a los gastos correspondientes al ejercicio de sus competencias». «De no ser así», añade, «se estaría negando sustantividad al poder tributario de las Comunidad Autonóma como título competencial independiente de cualquier otro». Balears solamente ha creado dos impuestos autonómicos con carácter netamente fiscal: loterías (Ley 12/90) y el de las instalaciones que inciden en el medio ambiente. El primero fue anulado por el Tribunal Constitucional porque vulneraba la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.14 de la Constitución. El segundo está pendiente de un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional.