El Govern quiere crear una organismo supramunicipal que se encargue
de la gestión del agua sin tener que depender de los ayuntamientos
y de las empresas suministradoras para garantizar el suministro a
toda la población. El Govern quiere que en este organismo
supramunicipal participen las empresas suministradoras y los
ayuntamientos, si bien el diseño del suministro dependerá
directamente de él.
El Govern aprobará también a medio plazo la creación de Juntas
Insulares de Explotación Hidráulica, que tramitará todos los
expedientes sobre la explotación de los acuíferos. Esta Junta, que
se crearía en cada una de las islas, podría ser el organismo
supramunicipal previsto por el Ejecutivo.
El Govern se basará en la Ley de Aguas de 1985, que establece el
dominio público del agua subterránea, para establecer las bases
jurídicas de este organismo. El objetivo final es que las empresas
y los ayuntamientos gestionen el agua en baja, es decir, desde los
respectivos depósitos hasta los grifos de los ciudadanos. El
Ejecutivo controlará la gestión del agua en alta, lo que significa
que quiere decidir cómo se administrarán los recursos hídricos de
la Isla y se repartirán entre los diferentes municipios.
Esta es la principal medida que el Ejecutivo se plantea a medio
plazo para evitar que surjan enfrentamientos políticos como los que
estos días se han vivido con la empresa EMAYA. En resumen implica
que la decisión última sobre dónde se extraerá el agua y a qué
municipios se suministrará será del Govern, por encima de los
ayuntamientos y de las empresas.
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