La banda terrorista ETA volvió a irrumpir el lunes en la campaña
electoral con un atentado que pudo provocar una auténtica matanza,
aunque por fortuna sólo hirió de carácter leve a siete personas,
dos de ellas guardias civiles. De inmediato los políticos de todos
los signos han sacado a la luz sus intenciones y sus propuestas en
materia antiterrorista. Diversos líderes del Partido Popular,
incluido el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, han reiterado
su firme voluntad de no negociar con la banda armada y de encauzar
la lucha por la paz desde la estrategia policial y la aplicación de
la ley; un método que ha dado buenos resultados en cuanto a
detenciones de terroristas pero que no ha evitado, por desgracia,
los atentados.
También el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno,
Joaquín Almunia, ha situado en un lugar prioritario de su gestión
"si gana las elecciones" el problema vasco. Y ha prometido que lo
primero que hará será convocar a todas las fuerzas políticas para
establecer un programa de pacificación supuestamente basado en el
diálogo con los terroristas, como ya hicieran otros gobiernos
socialistas.
En medio del huracán se encuentra el PNV, a quien todos los
partidos estatalistas piden que abandone de una vez el Pacto de
Lizarra, como si este hecho pudiera tener alguna consecuencia
positiva para la consecución de la ansiada paz.
En el laberinto vasco parece que todas las salidas conducen a un
nuevo atentado y, una vez concluida la larga tregua etarra, no hay
una solución clara al problema. Quizá lo único que quepa esperar
sea la férrea unión de todos contra la violencia para demostrar a
ETA que está de sobra y que los dirigentes terroristas decidan de
una vez modificar su estrategia de muerte y terror.
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