En Balears hay entre tres y cinco mil inmigrantes no comunitarios
en situación irregular. Al mismo tiempo, existirían del orden de
los 10.000 inmigrantes regulares según el director general de
Serveis Socials, Antonio Sancho. La consellera de Benestar Social,
Fernanda Caro, reconoció que en estos momentos en las Islas existe
«un déficit heredado en materia de atención social (red de
servicios y prestaciones sociales) ya no sólo a los inmigrantes
sino también a los residentes». Caro responsabilizó de esta
situación «absolutamente precaria» al anterior Ejecutivo autonómico
del PP y manifestó que «vamos a tener que hacer un esfuerzo
presupuestario a partir del 2001».
Preguntada por la problemática social que plantean los 14.000
inmigrantes, que según un informe de Sa Nostra son necesarios cada
año para cubrir las necesidades laborales de Balears, la consellera
dijo que «el reto es establecer una mínima cobertura para el
conjunto de la población residente» y «para los inmigrantes».
Estas declaraciones fueron realizadas durante la presentación de
una jornada de estudio, debate y valoración sobre la nueva Ley de
Extranjería y que se desarrolló ayer con la participación de
distintas administraciones, asociaciones y entidades involucradas
en el tema de la inmigración. El objetivo fue dar a conocer esta
nueva ley reguladora de los derechos y libertades de los
extranjeros en España y que fue aprobada el pasado mes de
febrero.
Caro indicó que esta nueva ley «significa un avance importante
respecto a la anterior ley, que era de control sobre las personas
extranjeras». En este contexto, destacó que «da un paso importante,
no suficiente, en el sentido de que considera a estas personas como
ciudadanos de pleno derechos que pueden acceder a todas las
prestaciones, con sus derechos y deberes». «Esta ley necesita ahora
que sea conocida, que se sepa su contenido» y es en este contexto
en el que se celebró la jornada informativa de ayer que contó con
la participación de Pilar Charro, profesora de Derecho del Trabajo
de la Universidad europea de Madrid.
La consellera de Benestar Social advirtió que esta ley está «en
peligro si el 12 de marzo el PP gana las elecciones» porque «Aznar
ya ha dicho que lo primero que hará será echar marcha atrás la
ley».
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