La situación de los embalses es dramática, ya que se encuentran al 19 por ciento de su capacidad. Foto: PAUL OLIVER.

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El Consell de Govern acordó ayer instar al Consejo de Ministros a que declare zona catastrófica todo el territorio de Balears como consecuencia de la sequía. Hasta la fecha, el Govern ha cuantificado en 3.700 millones de pesetas las pérdidas originadas en el campo balear por la falta de lluvias y el Govern espera que el montante de las ayudas alcance esta cantidad, aunque el conseller de Presidència, Antoni Garcías, prefirió ayer no aventurar ninguna cifra.

El Govern considera que la declaración de zona catastrófica debería llevar aparejada una serie de medidas, como el adelanto al 15 de julio del pago de las ayudas comunitarias directas y, en especial, las dirigidas a los cultivos herbáceos y primas ganaderas. Tan sólo estas ayudas se acercan a los 2.700 millones.

El Govern también reclama ayudas excepcionales para el transporte de alimento para el ganado y la exención durante tres años de la contribución rústica y pecuaria, además de la exención o reducción de la seguridad social agraria. Por lo que respecta a esta última medida, el Govern considera que debería beneficiar tanto a los agricultores por cuenta propia como por cuenta ajena.

El Govern solicita además que, con vistas a la próxima campaña de la renta del año 2000, se apruebe una nueva reducción de los módulos de IRPF para los agricultores y ganaderos afectados.

Ante el riesgo de que la sequía produzca una mala cosecha y provoque la falta de semillas viables para la siembra, el Govern pide también la apertura de una línea de ayudas para la adquisición de semillas certificadas, un tipo de semilla de mayor calidad y más productiva que la no certificada.

A todas estas medidas, el Govern incorpora la petición de que, de una vez por todas, se impulsen las inversiones previstas en el protocolo firmado en su día por Jaume Matas por el que el Ministerio de Medio Ambiente debía invertir unos 9.000 millones de pesetas para la mejora del riego con agua depurada. Este protocolo fue firmado en la época en que Jaume Matas era president del Govern y el Ejecutivo de Antich confía en que, dado su nuevo cargo al frente del Ministerio, las inversiones se ejecutarán cuanto antes.