La moratoria urbanística de Menorca, aprobada por el tripartito
equipo de gobierno del Consell menorquín (PSOE, PSM Y Esquerra de
Menorca-IU) ha motivado la presentación de 51 alegaciones.
La presidenta, Joana Barceló, anunció ayer que se incorporarán
otros terrenos a las zonas donde, durante dos años, se aplicará una
suspensión de licencias. Al mismo tiempo mantendrá la paralización
para los que han levantado mayor polémica política: la ampliación
de la urbanización Sant Tomàs, que ha provocado la única alegación
contra la moratoria presentada por un Ayuntamiento donde gobierna
el Pacte de Progrés. El alcalde de Es Migjorn Gran, Pere Riudavets
(PSOE), solicita al Consell de Menorca que excluya los terrenos de
Sant Tomàs, a lo que se oponen los partidos de izquierda. Incluso
EM-IU ha acordado su desvinculación orgánica del equipo de gobierno
municipal de Es Migjorn Gran.
La otra zona conflictiva es una parcela hotelera de Son Bou,
propiedad de la familia Barca Mir. Son los únicos terrenos no
afectados por la moratoria en esta urbanización. Pero el
Ayuntamiento de Alaior, donde el PSOE gobierna con mayoría
absoluta, ha denegado la licencia al hotel.
El PP-Menorca, desde la oposición, califica la moratoria de
arbitraria y de «operación de imagen», en palabras de Cristóbal
Huguet, que anunció la presentación de recursos ante los
tribunales. El PP reclama la retirada del proyecto para consensuar
otro texto.
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