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Cuando está a punto de iniciarse el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional que ha presentado el Gobierno es preciso que se produzca una seria reflexión sobre la vital importancia del mismo dadas las peculiares características y los numerosos problemas que tiene el Estado por lo que se refiere al agua. Y es cierto que hasta el momento, ningún Ejecutivo había afrontado el problema, unos por la carencia de mayoría absoluta en el Parlamento y otros, tal vez, por la falta de un enfoque claro de las soluciones que había que dar a las carencias que registra el país. Incluso Aznar no quiso darlo a conocer antes de las elecciones generales debido a la polémica que iba a suscitar.

Aunque será el próximo martes cuando el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, dé a conocer el Plan Hidrológico Nacional, las reacciones a favor y en contra de los posibles trasvases que éste contempla no se han hecho esperar, ya que las posiciones de las diferentes comunidades autónomas son encontradas debido a sus diversas situaciones e intereses.

Y, evidentemente, las decisiones que se tomen al respecto no podrán contentar y atender a todas las aspiraciones de las partes implicadas, pero las medidas deben adoptarse para poner orden y, sobre todo, para paliar graves carencias y poder afrontar con garantías los largos períodos de sequía por los que atraviesa el país.

En este sentido es enormemente positivo que el Gobierno afronte como una auténtica prioridad el Plan, pero también es verdad que debe hacerlo no desde su mayoría absoluta, sino desde el diálogo y contando con las opiniones de todos los afectados. No es, sin lugar a dudas, una tarea fácil, aunque sí necesaria con vistas a un futuro sin los problemas hidrológicos actuales.