El asunto de la energía eléctrica en Balears trae cola desde
hace tiempo. Ahora vuelve a salir a la palestra con una noticia
cuando menos inquietante: el presidente de GESA, Bartomeu Reus,
anuncia que pueden registrarse subidas de precios de hasta un 40%
en los próximos años. Y lo hace después de reunirse con el
president Francesc Antich, a quien ha explicado la situación por la
que atraviesa la Comunitat desde el punto de vista energético.
Todavía está en la mente de todos el penoso espectáculo de los
últimos apagones registrados en Mallorca y Menorca, en los que GESA
asumió su responsabilidad, pero no hay que olvidar que también hay
una responsabilidad política. La solución al futuro energético la
han ido retrasando los sucesivos gobiernos de Balears. Conociendo
de primerísima mano la situación, es comprensible que GESA recuerde
al Ejecutivo que el tiempo se está acabando y que se deben adoptar
soluciones realistas y de futuro.
Muchos son los frentes que tiene abiertos el Govern, pero el de
la energía es uno de los más importantes. Se deben tomar decisiones
con urgencia y evitar que la reordenación del sector eléctrico,
tanto por lo que respecta a la concentración de empresas y al nuevo
marco jurídico de las eléctricas, perjudique a Balears, en lo
concerniente a las inversiones, y a los consumidores, a los que,
hasta ahora, se les ha vetado la posibilidad de contratar a otra
compañía.
El desorbitado aumento de las tarifas, al que se ha referido
Reus, obliga, asimismo, a promover que desde el Gobierno central se
desarrolle, como reclama el presidente Antich, una normativa que
impida que el hecho de la insularidad repercuta de modo negativo en
el coste de la energía.
Energía, carreteras, desaladoras... son, al fin y al cabo,
expresiones distintas de una problemática consustancial con la
insularidad y con la falta de recursos políticos y económicos para
resolverla.
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