La consecuencia más directa de la anulación de este impuesto es que
el Govern se verá obligado a devolver 7.300 millones de pesetas a
las empresas afectas en concepto del dinero recaudado indebidamente
más los intereses. Pero la anulación del impuesto ecológico por
parte del Constitucional le saldrá muy caro a la Comunitat. De
forma indirecta, como consecuencia del fallo, el Govern sumará una
deuda de unos 25.000 millones de pesetas derivados directamente del
impuesto ecológico. Esta cantidad extraordinaria coloca a la
Comunitat con una deuda cercana a los 70.000 millones, a los que
además hay que sumar el endeudamiento de las empresas públicas.
Esta importante cantidad de deuda se debe a que el Govern tan
sólo ha cobrado "y gastado" 5.000 millones de todos los que ha
presupuestado desde 1992. Las empresas afectadas estaban obligadas
a depositar el dinero del tributo en forma de aval, pero el Govern
no podía gastarlo. Por esta razón, entre 1998 y 2000 tuvo que
recurrir a más de 13.500 millones de deuda para cuadrar el
presupuesto. A todas estas cantidades se suman los 3.300 millones
que estaban presupuestados para el año que viene y que, como no se
cobrarán, deberán solicitarse a una entidad financiera.
A la vista de este panorama, el conseller d'Hisenda aseguró que
la sentencia del Constitucional era realmente una mala noticia para
las finanzas de la Comunitat. «A mí me hubiera gustado que fuera
una sentencia favorable», reconoció Mesquida, a pesar de que, en su
momento, su partido se opuso al impuesto. Esta situación ha
obligado al Govern a volver a negociar todo su escenario
presupuestario de deuda con el Gobierno central. Mesquida aseguró
que ayer mismo se puso en contacto con el secretario de Estado de
Hacienda para pedirle una reunión en la que se deberá renegociar
las limitaciones de endeudamiento de la Comunitat, dado lo
extraordinario de la situación.
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