Desde que comenzó la polémica sobre los horarios de apertura
comercial y el calendario de festivos se ha hablado, y mucho, del
tema tanto a nivel político como a nivel de consumidores.
El debate está abierto y son los propios comerciantes de la Isla
los que están más confusos ya que, en la actualidad, no saben si
regirse por la nueva normativa estatal, el ya famoso decreto
6/2000, o esperar a que se apruebe la ley de comerc que ha
redactado el Govern balear.
Estas normativas, que regulan el mismo sector, son, sin embargo,
contrapuestas en muchos aspectos. Tanto es así que el Govern, junto
con otras seis comunidades autónomas, ya ha recurrido el texto
estatal ante el Tribunal Constitucional por considerar que, el
Gobierno de Madrid, se inmiscuye en las competencias de las
comunidades en materia de comercio interior. Mientras tanto, y para
contrarrestar un decreto que, aseguran, «conduce a la desaparición
del pequeño comercio», el Ejecutivo balear redactó una ley
autonómica, muy proteccionista con los pequeños y medianos
establecimientos, que, a su vez, ya ha sido recurrida por
Madrid.
Sin embargo, en todo este cruce de declaraciones y recursos,
pocas voces han recordado que la Isla tiene una ventaja sobre la
mayoría del territorio nacional ya que se trata de una zona
turística por excelencia. Ni el decreto de Madrid ni la normativa
autonómica impiden a los establecimientos situados en zonas
turísticas abrir los días que deseen, (con un máximo de doce horas
diarías) a no ser que, a la hora de declararlas, se incluya otro
límite específico.
La declaración de zona turística, que permite una
«liberalización» del comercio entre el 15 de marzo y el 30 de
noviembre de cada año, está en manos de los distintos ayuntamientos
de Balears. Ellos son los que tienen que dirigirse a la Conselleria
d'Economia, Comerç i Industria para solicitar una declaración de
este tipo y que zonas quiere que incluya.
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