Las ejecutivas de Jueces para la Democracia y Unión Progresista de
Fiscales, reunidas en Palma, acordaron ayer no recurrir la decisión
del Gobierno de indultar al magistrado Javier Gómez de Liaño a
pesar, señalaron, «de tener serias dudas», sobre su legalidad. Los
portavoces de las asociaciones, Montserrat Comas y Adrián Salazar,
hicieron pública una resolución conjunta en la que aseguran que, en
su opinión, la medida de gracia del Ejecutivo central, que afecta a
1.442 personas, «es un indulto general encubierto», que se basa,
señalaron, en «razones peregrinas que nada tienen que ver con la
Justicia y equidad que establece la Ley».
Sin embargo, y a pesar de que el reingreso de Gómez de Liaño
invade, según ellos, «las competencias del Consejo General del
Poder Judicial», las dos asociaciones confían en la actuación del
Tribunal Supremo «que es quien debe decidir cuál es la mejor forma
de aplicar este indulto», aseguró Comas. Este «voto de confianza»
en las estructuras jurídicas, sin embargo, no es definitivo ya que
tanto Comas como Salazar dejaron abierta la posibilidad de que sus
organizaciones recurran «las decisiones posteriores» del Supremo o
del Poder Judicial si éstas «van en contra de las leyes».
La resolución conjunta sobre el polémico indulto asegura que la
defensa de la separación de poderes, del principio de legalidad y
de la Justicia, «nos impiden estar de acuerdo con que un juez
condenado y separado de la carrera judicial vuelva a ejercer la
función jurisdiccional». Los jueces y fiscales también han
debatido, en estos días, la reforma de la Ley de Extranjería,
reforma que, señalaron, «somete al emigrante que no ha conseguido
el permiso de residencia a un tratamiento policial».
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