Un informe realizado por la Intervención del Govern ha detectado
numerosas irregularidades en la utilización de fondos europeos por
parte de patronales y sindicatos. Según ha podido saber este
periódico, las inspecciones realizadas por el Ejecutivo a los
beneficiarios de dichos fondos, que tenían por objeto la
financiacin de cursos de formación profesional, han confirmado
graves irregularidades en la mayor parte de los expedientes. Las
auditorías de Intervención han detectado que patronales y
sindicatos «hinchaban» facturas para justificar el dinero recibido
y en estos momentos se está investigando si los fondos se
utilizaban para cursos de formación o servían para financiar otras
actividades.
El Govern ha requirido a todas las partes implicadas que
recurran y justifiquen cada una de las irregularidades detectadas
en los expedientes. El Ejecutivo repartió más de 10.000 millones
entre 1995 y 1998 para cursos de formación dentro del programa del
Fondo Social Europeo, que también tuvo financiación de la Comunitat
Autònoma y de los ayuntamientos. El Gobierno central, que actúa de
intermediario entre las comunidades autónomas y las instituciones
europeas, obliga a revisar un mínimo del cinco por ciento de los
expedientes para detectar posibles fraudes. El Govern cumplió las
recomendaciones de Madrid y pidió las justificaciones de los gastos
a un 5 por ciento de los beneficiarios. «La mayoría de los
expedientes presentaron irregularidades», admitió a este periódico
un miembro del Govern.
La Conselleria de Treball i Formaci ha solicitado a Intervención
del Govern de la Conselleria de Hisenda la posibilidad de ampliar
el muestreo para conocer el alcance real del posible fraude. «Se
han hinchado las facturas de una manera escandalosa», admitieron
desde el departamento que dirige Eberhard Grosske, que ha intentado
no destapar este asunto que puede afectar muy seriamente a las
organizaciones que recibieron durante cuatro años las ayudas
procedentes de los fondos europeos. La Direcció General de Formació
también está elaborando un informe para concretar el alcance del
mal uso de las ayudas europeas por parte de patronales y
sindicatos. El Govern no ha querido facilitar la identidad de todas
las organizaciones implicadas en este posible fraude y tampoco se
atreve a adelantar las posibles sanciones que se impondrían a los
infractores.
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