El conseller de Presidència, Antoni Garcías, mantuvo ayer una
reunión con diversos expertos nacionales en Derecho Administrativo
para tratar de dar una solución a la complicada situación en la que
se encuentra la Ley de Consells tras el recurso presentado por el
Gobierno y la consiguiente suspensión de determinados artículos por
parte del Tribunal Constitucional.
El Govern reunió a los expertos y a representantes jurídicos de
la Comunitat para preparar el pliego de alegaciones que se remitirá
al Constitucional. En principio, el objetivo del Govern es lograr
que el Alto Tribunal levante la suspensión y la Ley pueda aplicarse
en su integridad hasta que no haya una sentencia definitiva del
Tribunal Constitucional.
De momento, el Consell dispone de seis meses para redactar un
reglamento de funcionamiento que se adapte a la Ley. La tarea es
complicada, ya que la anterior ley de Consell ha sido derogada y la
actual está suspendida por el Constitucional. Este reglamento puede
encontrarse con problemas jurídicos si hace referencia al Consell
Executiu o a los consellers no electos, ya que ambos preceptos se
encuentran suspendidos.
Una de las dudas planteadas se refiere a la formación de la
Comissió d'Urbanisme. La Ley faculta a los consells a suprimirla,
si así lo desean. De la misma forma, la nueva Ley de Consells
deroga la presencia de los representantes del Govern en estas
comisiones, cargo que en estos momentos ocupa precisamente el
president de este organismo, Rafael de Lacy. Si Lacy es designado
de nuevo por el pleno del Consell, con la ley actual suspendida no
podrá tomar resoluciones, ya que no es un cargo electo.
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