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La Fiscalía de Palma solicitó ayer que se actúe contra el Consejo de Administración de una empresa, que explota el Aparthotel Bahía Palace, en el Passeig Marítim, sin la autorización de la Conselleria de Turisme. El juez del juzgado de lo Penal número 4 de Palma celebró ayer un juicio contra la responsable del departamento de administración, acusada de un delito de desobediencia al incumplir la decisión de la Conselleria, que ordenaba el precinto del establecimiento, que está situado en primera línea del Passeig Marítim.

La Fiscalía retiró la acusación contra esta empleada al comprobarse que no tenía capacidad para decidir cerrar o mantener abierto el establecimiento. Sin embargo, la fiscal Pilar Dorego mantiene que se ha cometido un delito de desobediencia y que por ello debe responder los representantes del Consejo de Administración de la empresa explotadora, con sede en Barcelona, que está formado por cuatro personas.

Un ex directivo de la empresa, que fue llamado a declarar como testigo, explicó los problemas que tuvieron para conseguir el permiso de explotación del antiguo hotel Bahía Palace. La empresa que representaba es propietaria de 76 de los 146 apartamentos que cuenta el edificio. La empresa «G.H.Vacaciones» llegó a un acuerdo con la comunidad de propietarios para unificar la explotación del edificio.

El expediente para legalizar la situación se presentó a finales de 1995. Sin embargo, la respuesta se demoró hasta 1998. La Conselleria de Turisme denegó el permiso y ordenó el precinto del establecimiento. La empresa acudió a los tribunales y consiguió que se congelara esta orden. «Se trataba de un problema interpretativo de la ley. La Conselleria entendía que no había unidad de explotación», señaló el directivo. A mediados de 1999 un inspector de la Conselleria se presentó en el apartahotel, Ordenó que se precintara la puerta de entrada porque no había permiso de explotación. La orden se incumplió. El directivo señaló que si se hubiera acatado esta orden y se hubiera precintado el edificio, no sólo no hubieran podido entrar en el edificio los clientes de la empresa turística, sino tampoco los vecinos que son dueños de determinados apartamentos.