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El Govern aprobó ayer la remodelación interna de la Conselleria de Benestar Social para compensar el proceso de transferencia de las competencias a los consells insulars del Institut Balear d'Afers Socials. Esta transferencia ha obligado a la Conselleria de Benestar Social el cambio de nombre de la Direcció General de Serveis Socials que, a partir de ahora, pasará a denominarse Direcció General de Planificació i Ordenació Social. Esta nueva dirección general tendrá una partida económica de 2.003 millones.

Para el PP, esta reestructuración de la Conselleria de Benestar tiene por objeto «mantener la silla a Antoni Sancho, el actual director general de Serveis Socials». «La Conselleria queda vacía de contenido, pero hay que mantener el cargo a Sancho, que es de Esquerra Unida, de cualquier manera», opinó Rosa Estaràs.

Esta nueva dirección general tendrá por objeto la elaboración, coordinación y evaluación de planes, además de redactar normativas relacionada con servicios sociales y la coordinación de las otras direcciones generales de la Conselleria de Benestar Social. «No hace falta tanto dinero para elaborar planes de actuación», opinó Estaràs. Mientras la Direcció General d'Afers Social se queda vacía de contenido, los consells tendrán la posibilidad de gestionar el IBAS que durante este año manejará 5.338 millones de pesetas. Esta competencia será transferida cuando se apruebe la ley que se tramita en estos momentos en el Parlament.

Por otro lado, el Consell de Govern también aprobó ayer el decreto de organización y funcionamiento de la nueva Comissió de Coordinació de Política Territorial. Esta comisión, que a partir de ahora tendrá un carácter más político, contará con la participacón de los consells insulars. El Govern tiene previsto aprobar un decreto para regular la organización y funcionamiento de la Comissió. Este órgano tendrá por objeto la participación en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial mediante la emisión de informes. Asimismo, la comisión emitirá informe, con carácter preceptivo, en relación a los anteproyectos de disposiciones reglamentarias que se hayan dictado en ejecución de la Llei d'Ordenació Territorial.