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El Govern acaba de pedir a los ayuntamientos más seriedad y responsabilidad a la hora de controlar las licencias de obras que se conceden con cierta alegría. El problema no reside en las licencias que se deniegan, sino en las que se conceden y después sirven para justificar obras que en nada se ajustan a lo que se solicitó. De todos es sabido que los ayuntamientos se demoran meses en conceder las licencias de obras, lo que provoca que muchas obras comiencen sin licencia, y éstas, además, constituyen una especie de impuesto que se recauda y se olvida. Y no debería ser así. Los resultados de esa dejadez institucional ya los hemos visto, en el derrumbe del hostal Tívoli y del edificio Barceló, en Eivissa, donde varias familias vecinas han tenido que ser desalojadas.

En el caso palmesano, el arquitecto se ha desmarcado del desastre alegando, con razón, que el proyecto que él diseñó estaba destinado a otra parte del edificio que aún sigue en pie y que sí tenía la correspondiente licencia. Alguien decidió, con un absoluto desprecio a las normas de seguridad, hacer obras en la parte del edificio que no contaba con licencia y el resultado ya lo conocemos.

Ha tenido que ocurrir esta tremenda desgracia para que las autoridades tomen cartas en el asunto. La pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos, que han venido actuando con indiferencia ante un asunto que no se consideraba problemático.

La mayoría de los ciudadanos ni siquiera solicita licencias para sus obras menores, pues entiende que se trata sólo de pagar el correspondiente recibo a las corporaciones municipales. Y muchas obras de importancia solicitan una licencia que no se corresponde con lo proyectado, ya que cuanto mayor sea la obra más elevado será el coste. Los ayuntamientos deben reaccionar con firmeza y controlar, de cerca, cómo se hacen las obras para las que dieron permiso.