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El Govern de les Illes Balears registró ayer la segunda dimisión de la era Antich. Misericòrdia Ramon, consellera d'Innovació Tecnològica i Energia, se ha visto abocada a presentar su renuncia después de que se diera a conocer la existencia de un contrato blindado con el ex gerente del Parc Bit Felio Morey, lo que obligaba al Ejecutivo a abonar la nada despreciable cantidad de 112 millones de pesetas en caso de rescisión del mismo, extremo al que no se ha llegado al alcanzar un acuerdo las partes.

En este punto es preciso señalar que no es admisible que existan este tipo de contrataciones en las administraciones públicas. No es razonable, ni éticamente correcto que existan privilegios de esta índole que aseguren la percepción de enormes cantidades de dinero una vez que el funcionario o responsable en cuestión deba abandonar el cargo. Y, en este sentido, es absolutamente positiva la reacción del Govern, con una respuesta rápida y transparente frente a estos hechos.

Aunque hay que señalar que a favor de la dimitida Ramon está el hecho de haber puesto en marcha un plan energético que fueron incapaces de iniciar sus predecesores, lo cierto es que no podía continuar ocupando la Conselleria con un «affaire» como el de Morey a sus espaldas.

También es preciso considerar que Francesc Antich debe afrontar lo que resta de legislatura en las mejores condiciones para llevar a cabo todos los proyectos previstos y, para ello, es preciso contar no sólo con los consellers más idóneos, sino además evitar que posibles escándalos puedan salpicar al Ejecutivo que preside.

Ciertamente, en este caso, Francesc Antich y el Govern han reaccionado con la necesaria habilidad política y rapidez para dar carpetazo a un asunto que en nada podía ayudar al futuro inmediato.