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La postura de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en torno al pacto antiterrorista suscrito inicialmente por PP y PSOE ha motivado múltiples críticas tanto del Gobierno como del mismo partido socialista. Y, ciertamente, ha podido provocar, debido a la controversia surgida, un cierto desasosiego. Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, aseguraba ayer que nadie les había invitado a suscribir el documento y, lo que no por sabido deja de ser más importante, que la Iglesia siempre ha condenado el terrorismo y ha estado al lado de las víctimas del mismo. Los obispos españoles consideran, además, que el pacto antiterrorista es un documento político y que la Iglesia debe estar al margen de los asuntos de partido. Esta consideración es evidente, puesto que los dos partidos mayoritarios no han tenido la más mínima intención de contar con los nacionalistas vascos durante la redacción del documento y sólo les han instado a suscribirlo una vez firmado por el principal partido de la oposición y el del Gobierno.

Pero, por otro lado, la Iglesia está integrada en una sociedad y la política es una parte indesligable de la misma. En este sentido, todos los asuntos que afectan directamente a los ciudadanos y, lo que es más relevante, a los derechos humanos, tienen que ser objeto de la opinión de una iglesia que debe defenderlos por encima de cualquier otra consideración.

Y, además, la postura de algunos obispos de Euskadi, en ocasiones poco clara, ha podido contribuir a distorsionar la imagen que la sociedad misma tiene de la posición de la Iglesia española por lo que se refiere al terrorismo. Por ello es bueno aclarar que los obispos están con las víctimas y en contra de los violentos.