La Plataforma en Defensa de Son Quint i Son Muntaner anunció ayer
que presentará un recurso contencioso administrativo e incluso
denuncias por delito ecológico si el Ajuntament de Palma aprueba de
manera inicial el plan parcial del urbanizable de Son Quint, ahora
en periodo de información pública.
La plataforma presentó ayer las alegaciones redactadas contra
este proyecto, que permitirá la edificación de 647 viviendas, con
capacidad para 1.941 personas, lo que supondría incrementar en un
25% la población de la zona de Son Rapinya.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Son Rapinya, Rafael
Pons García, explicó que, para empezar, se reclama la ampliación
del plazo de información pública, que acaba el lunes próximo, dado
que el proyecto no ha sido presentado a esta asociación como parte
afectada que es. El resto de alegaciones se refieren a defectos de
forma del acto administrativo, cuya nulidad se exige, a defectos
del propio plan parcial y al estudio de impacto ambiental, que se
considera «incompleto y contradictorio».
Con todo, se solicita a Cort la no aprobación de este plan y el
inicio de los trámites precisos para llevar a cabo una modificación
puntual del PGOU al objeto de desclasificar esta zona y preservarla
para el futuro parque natural de la sierra de Na Burguesa. En su
defecto, se pide que se consideren las alegaciones y se redacte un
nuevo proyecto.
Miguel Angel March, en nombre del GOB, recordó que este es el
único espacio natural que le queda a la ciudad, al margen del
bosque de Bellver, y la presidenta de la FAAVV, Rosa Bueno, dijo
que la aprobación depende de «la voluntad política del
alcalde».
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