La comisión de investigación del «caso Formentera», que también
estudia los supuestas irregularidades electorales en otros
municipios de Balears, ha rechazado las declaraciones de dos de los
alcaldes del PP que fueron acusados de manipular los censos en las
pasadas elecciones municipales. La comisión, con los votos a favor
de los partidos del Pacte de Progrés, no ha aceptado la declaración
de Antoni Gómez, alcalde de Escorca, y de Antoni del Olmo, primer
edil de Santa Margalida. La comisión ha comunicado a los dos
alcaldes que no es necesaria su comparecencia en la comisión, según
ha podido saber este periódico.
Aunque miembros de la comisión de investigación aseguran que
Gómez y Del Olmo podrán dar su versión de los hechos más adelante,
los dos alcaldes ya han recibido la comunicación de que no pueden
hacerlo ahora. En cambio, mañana comparecerá ante la comisión Josep
Vicens, el candidato del PSM de Escorca que denunció el supuesto
fraude electoral de Escorca. La decisión de la comisión de
investigación del «caso Formentera» de no aceptar las declaraciones
de los dos alcaldes del PP puede suponer un nuevo encontronazo
entre los populares y los partidos del Pacte de Progrés.
Las reuniones de la comisión han estado marcadas por la polémica
y algunos diputados han llegado a insultarse en público. El PP cree
que el Pacte de Progrés quiere aprovechar la comisión del «caso
Formentera» como arma política sin ningún interés por conocer los
detalles de las irregularidades denunciadas durante el proceso
electoral de 1999. El alcalde de Escorca, Antoni Gómez, envió una
carta al Parlament para solicitar una comparecencia voluntaria tras
las acusaciones de un supuesto fraude electoral en dicho
municipio.
En concreto, Josep Vicens denunció que hasta 44 personas estaban
censadas en la Plaça del Monasterio de Lluc sin residir en Escorca.
La reclamación de Vicens fue presentada durante la campaña
electoral de 1999, pero fue desestimada por los jueces. Antoni
Gómez fue reelegido como alcalde de Escorca y el denunciante ni
siquiera consiguió una plaza de concejal. En estos momentos aún
está pendiente de resolución judicial una denuncia contra Gómez por
un supuesto delito electoral.
Gómez envió un listado al Juzgado de Inca con los
detalles del censo
El Ajuntament d'Escorca remitió al Juzgado de Primera Instancia de
Inca un listado con los supuestos ciudadanos que, según la denuncia
formulada por Vicens, viven en la Plaça del Monasterio de Lluc.
Algunos de estos vecinos, según argumentó el Consistorio, están
censados en Escorca desde los años 70 o son trabajadores del
Monasterio de Lluc. Otros censados causaron baja hace años y la
mayoría de los electores tiene alquiladas celdas de Lluc desde hace
mucho tiempo. Estas personas pagan un alquiler mensual al
monasterio. Sin embargo, el Ajuntament d'Escorca ha detectado que
personas vinculadas a Vicens residen habitualmente en Sóller y
están censadas en restaurantes del municipio o en viviendas que no
disponen de las mínimas condiciones de habitabilidad. El propio
Josep Vicens, denunciante del fraude, dio por buenos en calidad de
concejal algunas de las inscripciones en el censo que
posteriormente denunció, según consta en varias de las actas de los
plenarios de Escorca.
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