El pasado año el Ajuntament de Palma percibió 2.192 millones de
pesetas por el Impost de Construccions i Obres (ICO) y 1.408
millones por la Taxa de Llicència Urbanística. Si se hubiese
aplicado la base imponible que el Tribunal Superior de Justícia de
Balears (TSJB) considera correcta, Cort habría cobrado unos 500
millones menos de pesetas. El pasado 2 de febrero el TSJB falló en
favor de una empresa constructora que había interpuesto un
contencioso contra el Ajuntament por discrepancias sobre la base
imponible que utiliza Cort para calcular el importe de la tasa por
licencia urbanística.
La empresa pedía que se excluyesen de la base imponible de dicha
tasa los conceptos de «beneficio industrial» y «honorarios de
arquitecto y aparejador», que encarecen un 15 por cien como mínimo
la base imponible, a partir de la cual luego Cort cobra el
preceptivo 3 por cien del ICO y el 2 por cien de la Taxa de
Llicència Urbanística.
El veredicto del TSJB declara disconformes con el ordenamiento
jurídico los actos administrativos impugnados por la constructora y
los anula, «siendo procedente que se gire nueva liquidación por la
misma tasa», tomando como base imponible una nueva cantidad.
La sentencia es firme y no cabe recurso ordinario contra ella.
«El Ajuntament de Palma ha de modificar el artículo 5 de la
Ordenanza Fiscal, causante del problema, y así lo pediremos en el
próximo Pleno», indicó ayer Antoni Roig, portavoz del Grupo
Municipal del PSIB-PSOE. «A Cort ha de moverlo un imperativo ético,
no ha de recibir ingresos indebidos», resumió.
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