Juan Mestre13/03/01 0:00
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Eberhard Grosske tachó de «escándalo» que el ex director general de Formació, Bartomeu Cantallops, autorizase el pago de cursos a pesar de que Codefoc, la empresa ligada a Treball para gestionar la política de formación, ya advirtieron de la existencia de deficiencias administrativas. Una nota adjunta en la que se autoriza el pago «por orden del director general» aparece en tres de los nueve cursos en los que el Govern ha encontrado deficiencias a través de las auditorías. Estos tres cursos habían sido organizados por la CAEB.

«La Feria de Abril comparado con lo que ocurría en la Conselleria de Treball es un funeral», acusó Grosske, quien añadió que «las alegrías de Guillem Camps "ex conseller de Treball" nos van a costar una pasta». Cantallops fue nombrado director general de Formació tras la dimisión de Javier Cubero. Antes de ocupar un cargo en Treball, Cantallops había sido el gerente de la Sociedad Capital Riesgo cuando esta sociedad invirtió más de 400 millones de dinero público en Bon Sossec. Grosske también calificó de sorprendente que el anterior Govern permitiese que cursos del objetivo II se realizasen en otras zonas de la Comunitat. El coste de estos cursos deberá ser devuelto a Europa.

Durante la rueda de prensa, Grosske recordó que Codefoc fue creado «como un organismo fantasma» para gestionar los cursos cuando se trataba, en realidad, de una unidad administrativa de Treball. Sin embargo, Codefoc permitiía que las personas contratadas no fuesen funcionarios. El actual Govern deberá devolver unos 400 millones a la Unión Europea por haber utilizado fondos comunitarios para costear el Codefoc.

Además de desvelar las deficiencias en el pago de cursos de formación, Grosske insistió ayer en sus denuncias contra el Ajuntament de Palma por posible falsedad documental y prácticas fraudulentas en la gestión de los fondos. «Ha habido un intento sistemático del Ajuntament de Palma de defraudar al Govern y una posible manipulación documental del consistorio», acusó el titular de la Conselleria de Treball, quien dijo que no teme ninguna querella por parte de Cort. «Me han anunciado muchas querellas que nunca se han concretado», agregó. Grosske aclaró que las irregularidades administrativas detectadas en cursos organizados por CAEB, Fundació Universitat Empresa, Comisiones Obreras y el Ajuntment de Palma son sólo una pequeña parte de las auditorías que la Unión Europea exige que se realicen en los fondos comunitarios. El Ejecutivo, a través de la Conselleria d'Hisenda, deberá realizar unas 60 auditorías hasta que concluya el año.