Joan Nadal, ex concejal y ex diputado socialista y actual abogado
de la empresa promotora que ha puesto en un brete al Consell, se
mostró convencido de que esta decisión del Tribunal Superior de
Justicia puede provocar una avalancha de peticiones de
indemnización por parte de las empresas afectadas por la moratoria.
«Muchas veces se legisla de acuerdo a voluntades políticas y no en
función de bases jurídicas», aseguró Nadal. En su caso, el abogado
aseguró que sus defendidos aún no tienen decidido que harán, aunque
no descartó iniciar una negociación con el Consell de Mallorca.
El proyecto de Zarpimi SA incluía la construcción de un campo de
golf y de unas 2.500 plazas de oferta complementaria en Campos.
«Queremos dar una visión de tranquilidad y analizar en profundidad
la sentencia, porque todos estamos de acuerdo en que hay que
proteger el paisaje, pero siempre respetando la seguridad
jurídica», señaló el abogado de la promotora. En su opinión, cabe
el derecho a solicitar una indemnización ya que las empresas
promotoras se vieron perjudicadas por una decisión de una
institución que no era la competente. «Se puede pedir la ejecución
provisional de la sentencia y luego ya veremos si actuamos»,
puntualizó.
Más allá de las posibles indemnizaciones, en estos momentos lo
que está claro es que, a la espera del anunciado recurso del
Consell, el suelo que en su día fue desclasificado y pasó de
urbanizable a rústico es de nuevo urbanizable. En cualquier caso,
no todas las urbanizaciones pasarán a tener derechos edificatorios
ya que algunas de ellas fueron más adelante protegidas por las
Directrices de Ordenación del Territorio que aprobó el
Parlament.
La última discusión jurídica que está en estos momentos en juego
es saber si esta sentencia tendrá algún efecto sobre las moratorias
en suelo urbano que se aprobaron el pasado verano. Las fuentes
consultadas discrepan sobre este extremo y mientras unas aseguran
que las moratorias correrán el mismo camino, los responsables del
Consell entienden que, en este caso, existió la autorización previa
del Govern para aprobar la suspensión cautelar, por lo que no habrá
ningún problema en este caso.
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