14/03/01 0:00
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Los mallorquines ya no sabemos muy bien a qué atenernos desde que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado la moratoria urbanística que aprobó el Consell Insular en 1998 y en base a la cual quedaron sin efecto los planes para edificar 74 urbanizaciones. Para los ecologistas "y para cualquiera que ame esta tierra y desee conservarla con la mayor protección posible" la sentencia es una mala noticia, pero también hay que tener en cuenta los fundamentos de los jueces para obrar así. Resulta que el Consell no tenía en ese tiempo competencias urbanísticas como para llevar a cabo semejante moratoria. Y eso, claro, es ilegal.

Lo que choca de todo este asunto, pendiente de recurso ante el Supremo, es que una institución de la importancia del Consell Insular se deje llevar por arrebatos políticos, ideológicos o propagandísticos a la hora de cumplir con su tarea, pasando por encima de la ley. Las consecuencias ya las estamos viendo: hay que desandar lo andado. Un desastre que, pese a todo, no tendrá las consecuencias negativas que pudieran esperarse porque poco tiempo después de aquella moratoria, el Govern, haciendo uso de sus competencias, aprobó las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio), que vienen a prohibir igualmente la mayor parte de las citadas urbanizaciones.

De forma que quienes defienden la protección del territorio y propugnan poner freno a la destrucción del paisaje, pueden, más o menos, respirar tranquilos. Lo peor que podría pasar es que los promotores afectados exijan indemnizaciones por el daño causado a sus intereses y entonces todos los ciudadanos de estas Islas tendremos que rascarnos el bolsillo. Al final, como suele ocurrir, las consecuencias de los errores políticos las pagamos entre todos. Quizá, después de esta advertencia, las instituciones aprendan a ejecutar sus planes con menos apasionamiento y con más tiento.