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N. D./J. M./EFE
El secretario general del PSIB, Francesc Antich, anunció ayer que su partido solicitará la intervención del fiscal anti-corrupción en la investigación que un juzgado de Eivissa sigue del 'caso Formentera'. Antich aseguró que éste es el caso más grave de corrupción que ha habido en Balears dado que se atenta contra la esencia misma de la democracia. Para Antich, la participación del fiscal anti-corrupción es vital dada la complejidad del caso. Los socialistas de Balears han puesto toda su información en manos del partido en Madrid para que actúen, pero denunciaron que la presidenta del Congreso, Luis Fernanda Rudi, tiene consigna de bloquear cualquier iniciativa parlamentaria.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, reiteró, por su parte, la necesidad de que José María Aznar se dirija al Fiscal General del Estado para que abra diligencias de «inmediato» a Matas. Llamazares se volvió a referir en Madrid a este «escándalo político» y pidió que la actuación de la Fiscalía General del Estado se extienda a la diputada popular Rosa Estaràs con el propósito de «delimitar», al igual que en el caso de Matas, «sus graves responsabilidades» en el caso.

El ministro de Medio Ambiente y ex presidente de Balearss, Jaume Matas, reiteró que las acusaciones lanzadas contra él en el llamado «caso Formentera» son un «escándalo inventado» por el actual gobierno regional ante su incapacidad de gobernar y la imposibilidad de presentar a los ciudadanos los resultados de su actuación. Para el ministro, detrás de esas acusaciones hay un «intento de politizar» lo que fue una gestión de recuperación de la emigración balear y de las casas regionales en el exterior que se puso en marcha en 1992 y que fue impulsado bajo su propia presidencia.

El secretario general del PP, Javier Arenas, aseguró hoy que el partido considera «no hay ningún motivo para abrir una investigación interna» sobre el «caso Formentera» y subrayó que «no hay ninguna» comunidad que no dedique fondos públicos a tener comunicación con sus emigrantes y a impulsar el voto de residentes ausentes. «Todas las comunidades dedican fondos públicos para atender y tener comunicación permanente con los emigrantes que proceden de esa Comunidad; todas, las gobernadas por PP y las gobernadas por el PSOE», dijo Arenas.