Los puertos de Balears pueden llegar a perder 400 millones de
pesetas de ingresos si prospera finalmente la decisión del Gobierno
de José María Aznar de obligarles a pagar el impuesto de
sociedades. De hecho, esta nueva ley, que obliga a las autoridades
portuarias a tributar el 35 por ciento de los resultados de
explotación ya está en vigor, pero ha sido recurrida por la
Autoritat Portuària al entender que este organismo debe seguir
estando exento del pago.
El presidente de la Autoritat Portuària, el socialista Francesc
Triay, aseguró que debería mantenerse el principio básico
establecido en la Ley de Puertos de 1992, en la que se fija que las
autoridades portuarias están sometidas al mismo régimen tributario
que el Estado. Triay explicó además que esta intención del Gobierno
es absurda ya que otros entes públicos no pagan este impuesto, como
es el caso de RTVE, las universidades o las agencias tributarias.
En estos momentos está planteada la batalla jurídica y la
institución portuaria de Balears no paga el impuesto; sin embargo,
tampoco dispone de esos ingresos ya que está obligado a
depositarlos a través de un aval.
Por si esta amenaza a los recursos no fuera suficiente, el
presidente de la Autoritat Portuària aseguró que las finanzas de
esta institución también sufren los efectos del Régimen Especial de
las Islas ya que las bonificaciones a las tarifas portuarias que
establece la Ley no las paga después el Gobierno. La Autoritat
Portuària se autofinancia, de forma que las bonificaciones
repercuten directamente en los resultados de explotación. Para
Triay, lo lógico sería que estas bonificaciones corrieran con cargo
a los presupuestos del Estado ya que si es el puerto quien las
financia, no son una compensación a la insularidad.
«Las bonificaciones se están aplicando sin ninguna
contraprestación por parte del Estado, con lo cual se limita la
capacidad de generar recursos porque el principio de funcionamiento
de los puertos es la autonomía financiera», asegura Triay.
3.000 millones de Europa
Francesc Triay aseguró que la Unión Europea se ha comprometido a
dar 3.000 millones de pesetas con cargo a los fondos de cohesión.
Esta cantidad es la mitad de los 6.000 millones de pesetas que
costarán las obras de reconversión del puerto. El objetivo es que
el Moll Vell acoja la nueva terminal de pasajeros, con lo que la
mayor parte del transporte de mercancías se quedará en la zona de
Porto Pí. El presidente de la Autoritat Portuària afirmó que el
proyecto de reconversión del muelle estará acabado en un cuatrienio
ya que ahora mismo se está todavía en la fase de redacción de los
proyectos. De esta forma se acercará el puerto a la ciudad.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.