JAVIER RODRÍGUEZ14/04/01 0:00
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La Conselleria de Medi Ambient, a través del director general de Residuos, Nicolau Barceló, aseguró ayer que el Govern de las Islas da por «cerrado» el diálogo a nivel político con los transportistas de escombros que, desde hace 20 días, mantienen sus vehículos en los alrededores del Consolat de la Mar. De esta forma, el Ejecutivo rechaza seguir negociando con los afiliados de Astracoma para que retiren sus camiones e incluso aseguran, textualmente, que si no se quieren ir de la zona «que no lo hagan».

Desde la Conselleria de Medi Ambient se considera que la responsabilidad de que medio centenar de camiones se concentre en los alrededores del despacho del President del Govern es del Ajuntament de Palma y, veladamente, les acusan de permitir hasta ahora esta protesta, en un principio, no autorizada. «Si quienes tienen competencias para evitar estas situaciones no las utilizan, nosotros, que no las tenemos, tampoco vamos a hacer nada entre, otras cosas porque no podemos», aseguró Barceló.

El director general de Residuos recordó que los afectados tienen a su disposición tres nuevas plantas de selección que sustituyen a la cantera de Can Set, lugar donde los transportistas de Astracoma vertían unas 1.500 toneladas de escombros al día y que fue cerrada por el departamento autonómico argumentando que realizaban mal la selección de residuos y que estos emitían gases peligrosos para los humanos.

Barceló, asimismo, negó que la conselleria haya recibido un proyecto de los transportistas de la zona de la Bahía de Palma para instalar una planta en Génova. «Lo único que han presentado en la direcció general es una hojita en la que dicen que quieren montar una planta de selección en dicha zona pero, al menos hasta hoy, no han presentado un estudio de impacto ambiental ni muchos otros informes y datos que son obligatorios para dar un permiso de este tipo», señaló.

Barceló considera que los afectados pretenden evitar llevar sus escombros a una planta autorizada que no controlen ellos y apunta a la posibilidad de que pretendan «hacerse con el monopolio» de los escombros, y su posterior tratamiento, en la zona situada entre Llucmajor y Andratx, incluida Palma.