El vicepresident del Govern y conseller d'Economia, Comerç i
Indústria, Pere Sampol, aseguró ayer que pedirá la modificación de
la Constitución si el Gobierno lleva al Alto tribunal la ley de
comercio autonómica y este determina que la normativa va en contra
del texto constitucional. Sampol hizo estas declaraciones tras el
informe redactado por el Ministerio de Administraciones pública en
el que recomienda al Ejecutivo autonómico que modifique algunos
puntos de la ley, entre ellos el referido al uso del catalán en los
establecimientos comerciales.
La normativa redactada en la Islas establece la obligatoriedad
de poder atender en catalán a todos aquellos comercios con más de
tres trabajadores contratados. Sin embargo, según el escrito
firmado por la directora general de Política Autonómica, Isabel
Benzo, la Constitución sólo regula el deber de conocer el
castellano y alude a la jurisprudencia del Alto Tribunal que no
reconoce el deber de conocer las lenguas cooficiales.
Sampol denunció el argumento del Gobierno por el cual el
conocimiento del castellano es obligatorio mientras que el de las
otras lenguas es «optativo. En este sentido, el vicepresident del
Govern interpreta que para Madrid el castellano es lengua «de
primera» y el catalán «de segunda» y, por lo tanto, según sus
propias palabras, «establece divisiones entre ciudadanos de primera
y de segunda según la lengua que utilice». Esta situación, que fue
calificada como «déficit democrático» está agravada, para el
conseller, por las palabras del rey Juan Carlos en la que aseguraba
que «el castellano nunca ha sido impuesto».
Sampol aseguró que la ley de comercio redactada por su gabinete
trata «de igual manera» a las dos lenguas y que, si el Tribunal
Constitucional considera esta circunstancia e igualdad entre
lenguas como contraria a derecho, «habrá que modificar la Carta
Magna y yo estoy dispuesto a pedirlo si Madrid recurre y el
dictamen del tribunal va en contra de nuestra normativa
autonómica».
Estas declaraciones son semejantes, aunque mucho más
contundentes, que las que realizó sobre el tema el president del
Govern, Francesc Antich, en Eivissa. El máximo mandatario de la
Comunitat criticó que todas las normativas aprobadas por el Govern
balear «creen dudas» en Madrid y calificó los diferentes recursos,
los ya presentados y los que según el Gobierno central se
presentarán, de «intento de control partidista de las actividades
del Govern». «Este tipo de actuación, prosiguió Antich, responde a
la idea uniforme que tiene el Partido Popular de España de la que
sigue pensando que es una, grande y libre».
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