Los responsables en materia universitaria de quince comunidades
autónomas celebraron ayer su segunda y última reunión de trabajo
informal para analizar el contenido del anteproyecto de ley de
Universidad y estudiar cuál es el papel de las comunidades. El
director general de Universitat del Govern, Martí March, explicó
que «la principal reflexión que nos hemos hecho ha sido la de
conocer qué es lo que piensa cada una de las comunidades sobre el
modelo de universidad de futuro que plantea este anteproyecto para
ver si podemos encontrar puntos de encuentro que presentar ante el
Ministerio para así lograr que la ley se apruebe con el máximo
consenso».
La principal conclusión que pueden extraerse de las dos jornadas
de reuniones, afirmó, es la necesidad de que este anteproyecto
tenga más tiempo de discusión. A tal efecto, las comunidades
reclamarán un mayor plazo de reflexión, «ya que para el día 21 está
prevista una reunión del Consejo de Universidades para hablar de
esta ley y consideramos que no hay tiempo suficiente». Una segunda
conclusión apunta hacia la necesidad de institucionalizar estas
reuniones de Comunidades Autónomas «por necesidad, porque los
problemas que debemos resolver son comunes».
En tema de la habilitación del profesorado fue objeto de un
debate interesante en el encuentro de ayer y aquí, reconoció March,
«existen matices muy diferentes entre las comunidades a la hora de
hablar de movilidad del profesorado, de retribuciones, etc. Se ha
visto que este sistema de habilitación «para algunas comunidades
resolverá el problema y para otras, en cambio, los agravará».
En Balears, concretamente, «no estamos de acuerdo, porque nos
parece que no sólo no promoverá la movilidad del profesorado, sino
que creará un elemento de burocratización importante».
Una queja compartida es que este anteproyecto de ley es menos
autonomista que la Ley de Reforma Universitaria, «pues no reconoce
el papel de las comunidades». Todo eso son cosas que se deben
negociar «porque hay posibilidad real de llegar a un consenso»,
pero si no es así, Balears se opondrá a través de los mecanismos
que se tengan, advirtió March.
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