La población balear cuenta menos que la de las comunidades históricas

Y aquí es donde radica el problema. En primer lugar, la población de Balears ha crecido un 20'9 entre 1988 y 1999 pero el dinero que recibe la comunidad no ha aumentado en la misma proporción, ya que este aumento no se ha tenido en cuenta. Esto perjudica a las Islas. En segundo lugar, la población no pesa tanto en Balears como en las comunidades históricas. En éstas últimas, el 94 por ciento de la financiación se basa en su población ya que en los momentos iniciales de las autonomías tenían más competencias "educación, sanidad" y, por lo tanto, debían financiar más servicios. En las comunidades no históricas, con menos competencias, la población sólo tiene un peso del 64 por ciento en el modelo de financiación. Sin embargo, esto supone una discriminación para Balears, que ha asumido alguna de estas competencias, como es la educación, sin que se haya aumentado su financiación.

El conseller d'Hisenda explica que este sistema estaba pensado para una España de las autonomías con disparidad de competencias, pero dado que ya no existe esta disparidad, el número de habitantes debe tener la misma importancia en todas las comunidades autónomas. Además, el conseller quiere que el peso de la insularidad, que sólo es del 3 por ciento, aumente en el nuevo sistema que debe negociarse.

El peligro de los impuestos
A la hora de afrontar el nuevo modelo de financiación, el conseller d'Hisenda quiere negociar además la posible cesión de parte de algunos impuestos indirectos por parte del Ejecutivo central. Pese a que el Gobierno aún no ha presentado su propuesta definitiva sobre el nuevo modelo, algunos analistas han comentado la posibilidad de que el Ejecutivo de José María Aznar ofrezca el impuesto de matriculación, el de tabaco y alcohol, un 40 por ciento del IRPF, entre un 25 y un 30 por ciento del IVA y el 30 por ciento del impuesto sobre hidrocarburos. Pese a que la propuesta es golosa para las comunidades, el conseller d'Hisenda también alerta de la trampa que supone la cesión de estos impuestos a las comunidades. Aunque se ceda la recaudación, los gobiernos autonómicos quedarían muy expuestos a cualquier rebaja acordada de forma unilateral por parte del Gobierno central. Es decir, que si el Gabinete de José María Aznar acuerda una rebaja de impuestos o si la economía entra en una fase de desaceleración brusca, las grandes perjudicadas serían las comunidades, que dejarían de obtener parte de sus ingresos como consecuencia de la bajada.