Pere Cañellas, que será reelegido presidente este viernes en la
asamblea convención que tendrá lugar en el hotel Playa Esperanza de
Muro, indicaba ayer que las patronales hoteleras de Mallorca,
Menorca y Pitiüses han escrito una carta conjunta a José María
Aznar y al vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, «en
la que pedimos al Gobierno de forma oficial que recurra la ecotasa
por ser inconstitucional y ser un impuesto recurrente».
En la visita que realizarán a Madrid, fuentes de la
Administración central han confirmado que está previsto que
mantengan un encuentro con Rato, «quien les informará de la
intención del Gobierno de aprobar en el Consejo de Ministros del
día 1 de junio la petición ante el Tribunal Constitucional de que
recurra este impuesto del Govern por doble imposición». Los
hoteleros confían en que el impuesto turístico quede en suspenso de
forma indefenida hasta que el Constitucional dicte sentencia en
firme, «circunstancia que puede suceder en tres o cuatro años»,
según las mismas fuentes.
Los hoteleros y las compañías aéreas estudian cómo emprender sus
propias estrategias de promoción turística, al margen del Govern,
debido a la disparidad de criterios en torno a la aplicación del
impuesto sobre las estancias diarias de los visitantes. El
presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, Miquel Vicens,
confirmaba ayer a Efe que hoteleros y compañías aéreas están
evaluando esa posibilidad, «que contaría con nuestro apoyo, aunque,
como es lógico, también nos agradaría que el Govern participara en
las acciones promocionales. Les he dicho a los empresarios de ambos
sectores que se lo piensen, pero claro, hay un enfrentamiento
abierto por la ecotasa y será muy difícil intentar convencerles de
que no prescindan de las acciones marcadas por Ibatur», dijo
Vicens.
El Govern pide al Estado que no coarte la creación de
impuestos
El conseller d'Presidència, Antoni Garcias, ha enviado al
secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel
Elorriaga, una carta en que pide al Estado que no coarte «la
creación de impuestos autonómicos mediante la interposición de
recursos de inconstitucionalidad o bien a través de manifestaciones
amenazadoras en este sentido». Garcíes reconoce que es normal «y
loable» que el Gobierno central revise los textos legales
autonómicos, «pero ello no equivale a efectuar una lectura
restrictiva desde el punto de vista autonómico».
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