La abogada Adelia Olmos lleva 26 años trabajando en favor de los
inmigrantes y en estos momento reclama «un esfuerzo enorme de
responsabilidad». Según afirmó ayer la inmigración es «hoy un tema
de Estado, no por su número en España -que aunque ha crecido
enormemente aún se mantiene por debajo de los porcentajes de la
UEsino por la desinformación y las falsas expectativas que se están
creando». Denunció que «de parte del Gobierno central ha habido una
política confusa e irresponsable», por lo que hizo un llamamiento a
la responsabilidad de todas las administraciones, asociaciones o
colectivos, porque «desde 1985 hasta la fecha no ha habido
diferencia en cuanto a las condiciones para obtener un permiso de
trabajo».
«Desde ese año -explicólas sucesivas leyes de extranjería han
recogido el principio de la protección de la situación nacional de
empleo, según el cual se otorga un permiso de trabajo si no hay
paro en España en la actividad de que se trata. Con lo que, con la
ley en la mano se deniegan el 99% de los permisos». La actual ley
penaliza a los empresarios que contratan a trabajadores sin papeles
y la concesión de nuevos permisos se limita actualmente a las
personas que se acogieron al proceso extraordinario de
regularización que acabó el 31 de julio. Los requisitos eran
demostrar que estaban en territorio español antes del 1 de junio de
1999 y haber solicitado un permiso de residencia antes del 31 de
marzo de ese mismo año.
Cerca de mil expedientes de inmigrantes que no pudieron obtener
sus papeles por esa única vía están siendo revisados por Delegación
del Gobierno. Y no podemos olvidar, recalcó, «que nos aproximamos a
la aprobación del reglamento de la ley de extranjería, prevista
para junio, que pondrá fin a un periodo transitorio en el que no se
han aplicado las expulsiones por trabajo o estancia ilegal». Desde
ese momento, los inmigrantes que lleven tres meses y un día en
España sin papeles estarán en situación ilegal y serán
expulsados.
La política contradictoria del Gobierno es, a su juicio, la
responsable de que los 20.000 inmigrantes sin papeles que hay en
Balears no se crean que no vayan a resolver sus problemas. El
resultado es una saturación enorme -ahora entran 600 expedientes
por día, cuando antes se tenían algo más de 3.000 peticiones
anuales-, y el personal no es capaz de atender tantos expedientes,
que en su mayoría no tienen futuro.
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