El proceso de asignación de plazas escolares este año en las
Islas ha sido cuando menos polémico. La nueva normativa aprobada
por la Conselleria d'Educació i Cultura ha levantado ampollas, para
unos por insuficiente para controlar al habitual fraude y para
otros por exagerada.
El caso es que ahora, antes de que salgan los listados de plazas
definitivas, los colegios públicos disponen de un buen número de
pupitres libres, mientras los privados-concertados soportan una
gran demanda que no pueden atender.
Cabe preguntarse ante estos hechos por qué la mayoría de los
ciudadanos de Balears han optado por llevar a sus hijos a colegios
privados. Quizá la clave del asunto se encuentre no tanto en la
calidad de la enseñanza como en las características peculiares de
algunos centros públicos.
Ocurre que las familias procedentes de un entorno marginal
"situación social, cultural y económica precaria" no tienen más
opciones que enviar a sus hijos a las escuelas públicas, de forma
que hay determinados centros que aglutinan a muchas de estas
familias. Ante esta situación, los demás optan por eludir esos
colegios y se decantan por otros, aunque supongan un mayor esfuerzo
económico, o bien, mayor distancia del domicilio.
Es ésa la razón por la cual algunos centros públicos están muy
solicitados "son los que tienen «buena fama»" y otros son
prácticamente despreciados, por encontrarse en barriadas
llamémoslas «de alto riesgo».
El problema es de difícil solución, pues es perentorio que los
niños de entornos marginales hagan uso de su derecho a la educación
y a la integración, pero también es comprensible que muchos padres
quieran evitar que sus hijos se introduzcan en esos ambientes.
Convertir a esas personas en ciudadanos de primera es tarea de los
servicios sociales.
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