El Ministerio de Medio Ambiente no podrá desarrollar ningún
proyecto en el litoral de las Islas sin un acuerdo previo con el
Govern balear y el ayuntamiento de la zona donde estuviera previsto
tras hacerse público el dictamen del Tribunal Supremo, con fecha de
21 de mayo, que otorga a la Comunitat Autònoma la capacidad de
legislar en materia de ordenación del litoral, según anunció
Margalida Rosselló, consellera del ramo. De esta forma, el tribunal
da la razón al Ejecutivo de las Islas y desestima el recurso que,
en el año 1994, interpuso el Gobierno central (entonces en manos
del PSOE), al decreto sobre Planes de Ordenación del Litoral que
había aprobado el Partido Popular.
Este acuerdo obligatorio entre Administraciones, no obstante,
sólo es obligatorio, según la sentencia, «cuando no exista un plan
de ordenación del litoral en la zona donde se pretenda realizar el
proyecto». En este sentido Rosselló manifestó su satisfacción con
el dictamen que, señaló, «otorga plenas competencias a la
comunitat» en lo que se refiere a las aguas interiores, (aquellas
que están delimitadas al trazar una línea recta entre los cabos de
las Islas).
Por su parte, el director general de Litoral, Onofre Rullán,
reiteró que «a partir de ahora cualquier proyecto en nuestra costa
decidido unilateralmente desde Madrid sin tenernos en cuenta
incumple la ley» aunque destacó que «nunca rechazamos las
inversiones que Madrid pretenda realizar aquí». En este sentido
afirmó que su departamento ha informado negativamente a tres
proyectos del ministerio «el carril bici de Formentera, la
regeneración de la playa de Sant Antoni, en Eivissa y el paseo del
la Colònia de Sant Jordi», por lo que reiteró que el Gobierno
central tendrá ahora que negociarlos con ellos mientras que la
eliminación de los 150 fondeos que Madrid autorizó en Pollença
tendrán que esperar a la resolución del contensioso administrativo
presentado.
A pesar de que la ordenación de litoral es competencia
autonómica, «los anteriores Govern no han elaborado planes de
ordenación», dijo Rosselló, por lo que ya han iniciado los de
Sóller, Portocolom y Port d'Andratx, los de na Macaret, bahía de
Fornells y Ciutadella, en Menorca; y el de Sant Antoni, en
Eivissa.
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