P. Candia20/06/01 0:00
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El informe sobre el «caso Mapau» elaborado por el fiscal de Eivissa, Antoni Torres, y refrendado por el fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor, refleja «indicios suficientes» para que el Tribunal Supremo se declare competente para investigar la causa. Para ello, debe existir el apoyo de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo, que debatirá esa posibilidad. No siempre los fiscales del Supremo atienden la opinión de sus colegas autonómicos. En el «caso Túnel», por ejemplo, el fiscal de Balears, Joan Carrau, elevó un informe favorable a recurrir en casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, opinión que no fue compartida por sus colegas del Supremo. La sentencia sólo fue recurrida por las partes.

La documentación del «caso Mapau» aportada desde Palma está en poder del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que a la vista de las primeras conclusiones ha solicitado más información para decidir si procede trasladar el caso a la instancia más alta dada la calidad de aforados de dos de los posibles implicados, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y la diputada nacional del PP Rosa Estaràs. Cardenal quiere hilar fino y por ello ha solicitado «toda la documentación» existente sobre el supuesto delito de la captación irregular de votos en Argentina por parte del PP en las pasadas elecciones autonómicas.

Cardenal puede hacer suyo el informe de la Fiscalía de Balears e instar al Tribunal Supremo a reclamar el caso o considerar que no hay indicios que afecten a los aforados nacionales. En este caso, se podría seguir instruyendo el sumario en Balears, en el juzgado de Eivissa, o en el Tribunal Superior si hubiese algún aforado autonómico. El juez de Eivissa que dirige la investigación tendría que inhibirse si el Supremo reclamase la jurisdicción del caso. También podría inhibirse antes de recibir una hipotética reclamación del caso, pero siempre tendría la última palabra el Supremo, que podría devolverle el caso. En cualquier caso, y en todas las instancias, los informes de la Fiscalía no son vinculantes para los jueces.

El fiscal que investiga el denominado «caso Formentera» abrió dos vías de instrucción: los posibles fraude electoral y malversación de fondos públicos. Torres confirmó en la última visita que realizó a Palma que no había recibido ninguna instrucción «especial» ni del fiscal jefe del TSJB ni del fiscal general.