Delegación del Gobierno pide anular la contratación de personal al Consell

Alorda, que se mostró «atónito» por lo que consideró una «verdadera persecución institucional para que no se lleve a cabo la oferta pública de trabajo» de la institución, aseguró que, de sustanciarse la petición, «se provocaría un verdadero colapso en la gestión del Consell». Para Alorda, este requerimiento, que en principio supondrá el despido de un número no determinado de trabajadores «es absurda», máxime si, además, «pretende que no contratemos a más gente».

La mayoría de los 200 contratos suscritos en los pasados meses de marzo y abril, «tal como lo hemos explicado una y mil veces a la delegación del Gobierno», se refieren a sustituciones por vacaciones o ausencias en Servicios Sociales, Bomberos o Fodesma, dijo Alorda. El objetivo de la oferta pública «es dotar a las instituciones de los medios personales que necesita para poder servir con objetividad y eficacia a los ciudadanos», dijo el Conseller, y subrayó que «esta injerencia por parte de la delegación de Gobierno es inasumible para el gobierno del Consell».

Es el Consell «quien debe decidir, con los presupuestos de los que dispone, lo que es necesario y lo que no para ejercer su política de servicios, medioambiental o cultural en un proceso de transferencia de competencias», señaló Alorda, y precisó que de seguir con esta filosofía «nos encaminamos, a largo plazo, a la privatización de los servicios del Consell».

El gobierno insular, que pedirá a la delegada del Gobierno, Catalina Cirer, que reconsidere la situación, «no piensa hacer caso» del requerimiento y, si es preciso llegará a los tribunales para defender lo que considera justo y necesario, anunció el conseller. Fuentes de la delegación del Gobierno manifestaron a Efe que, de acuerdo con el requerimiento, el Consell tiene un mes para justificar las contrataciones y, en caso de que no lo haga, será la Justicia, a petición de la delegación, quien determine si las contrataciones se ajustan a derecho.