JAVIER RODRÍGUEZ22/06/01 0:00
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El jefe superior de la Policía Nacional en Balears, Eduardo Pérez Extremera, aseguró ayer que la operación policial desplegada en dos fincas agrarias de Mallorca, una en Inca y otra en la carretera vieja de Sineu y ambas del mismo propietario, fueron provocadas por las denuncias de tres trabajadores ecuatorianos que, una vez regularizada su situación, se acercaron libremente a la comisaría para denunciar casos de «explotación laboral». Al parecer, y según las denuncias de los inmigrantes, el propietario de las fincas, uno de los mayores productores hortofrutícolas de la Isla, retenía la documentación de los trabajadores para que no pudieran dejar el trabajo y también le retenía parte de sus sueldos argumentando que esa cantidad era para tramitar diversos permisos.

«Los inmigrantes han asegurado que tras la retención aplicada por el propietario correspondiente al mes de mayo sólo cobraron 13.000 pesetas» señaló. Asimismo, y siempre la versión dada por los denunciantes a la policía, el empresario pagaba 650 pesetas la hora a aquellos inmigrantes con documentación mientras que a los «sin papeles» les pagaba 600 pesetas la hora. En este sentido, Pérez Extremera señaló que, aunque el diferencial es pequeño, «supone una discriminación para aquellos trabajadores no regularizados y, por tanto, un posible delito».

Respecto a las condiciones en la que se encontraban los 51 trabajadores identificados, 23 de ellos no tenían su documentación, el jefe superior de Policía aseguró que «aunque no estaban en una situación infrahumana si que estaban en condiciones precarias». Así, aseguró basándose en la denuncia, los inmigrantes trabajaban 12 horas diarias y habitaban una casa en la propia finca «sin luz ni agua». Pérez Extremera, que afirmó que el propietario había pagado el desplazamiento hasta la Isla de los inmigrantes y que había colaborado en todo momento con las fuerzas de seguridad, recordó que una vez instruidas las diligencias éstas pasarán al ámbito judicial, «independientemente de la tramitación administrativa del caso que realicen los tres funcionarios de Inspección de Trabajo que participaron en la operación».

Por su parte, el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Mas, reiteró que los 23 inmigrantes indocumentados están actualmente en proceso de regularización y que están incluidos en los listados que facilitaron a la Conselleria de Treball para la tramitación especial de permisos. Mas, que recordó el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en la que se pide que no se criminalice a aquellos empresarios que quieren regularizar a sus trabajadores, negó que los inmigrantes estuvieran en condiciones infrahumanas, «ya que vivían en la misma casa que han habitado, en ocasiones, los mismos propietarios».

El coordinador de Unió de Pagesos aseguró, en este sentido, que las denuncias «son falsas» y que vienen motivadas por la intención de los ecuatorianos de dejar el trabajo sin dar al empresario los quince días que establece la ley. «El productor ha intentado arreglar el tema a través de cartas certificadas pero los ecuatorianos, en vez de ir a sindicatos, abogados o juzgados de los social han ido a la policía».