Juan Mestre23/06/01 0:00
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El Consell de Govern aprobó ayer los criterios para mejorar la gestión económica en las empresas públicas y «racionalizar la estructura y las funciones de este sector, además de garantizar la limpieza, la transparencia y el cumplimiento de las finalidades de interés general». Este acuerdo se produce como consecuencia de las numerosas deficiencias detectadas en las auditorías encargadas por el actual Govern, y tras estallar el escándalo por el contrato blindado del ex director del Parc BIT. El portavoz del Govern, Antoni Garcías, recordó que los sistemas de contratación en algunas empresas públicas fueron irregularidades por la falta de los preceptivos informes de Intervención, la carencia de controles de costes y obras, la ausencia de planes de empresa y estrategia, incumplimientos en los principios de subvenciones y desvíos presupuestarios en la realización de proyectos, entre otras deficiencias.

La Conselleria d'Hisenda comprobará cada tres meses las cuentas de cada entidad y la Intervención General será informada de las contrataciones de obras, servicios y suministros, de los convenios suscritos y de los contratos y retribuciones de nuevos trabajadores. El estatuto regulará también el endeudamiento y la gestión de tesorería de las empresas públicas, que aplicarán nuevos sistemas permanentes de control financiero e incorporarán las aplicaciones informáticas corporativas del Govern.

Se fijarán reglamentariamente las funciones y categorías generales del personal del sector público y sus retribuciones mínimas, mientras que el personal directivo contará con contratos de alta dirección que tendrá que aprobar el Consell de Govern, en contra de lo que ocurría hasta ahora. De hecho, el contrato blindado de Felio Morey en el Parc BIT fue aprobado sin el conocimiento del Consell de Govern. Los criterios aprobados por el Ejecutivo, que según Garcías son fruto del «trabajo de un año», también establecen que se podrán constituir fundaciones «para la realización de actividades de interés general sin ánimo de lucro», pero no como «forma organizativa alternativa a la creación de entidades públicas de carácter instrumental».

Por otra parte, el Govern aprobó subvencionar a la UIB con 53 millones de pesetas para la realización del programa de reciclaje y formación lingüística y cultural de docentes, licenciados que vayan a ser profesores y alumnos de los últimos cursos. Este programa, que estará vigente el próximo año, responde al cumplimiento de la normativa según la cual los profesores nuevos profesores deben acreditar el catalán.