JAVIER RODRÍGUEZ23/06/01 0:00
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La reacción del Ministerio de Medio Ambiente a la sentencia del Tribunal Supremo que da plenas competencias al Govern balear en materia de ordenación del litoral se produjo ayer, y además de forma contundente. A través de una nota hecha pública el departamento presidido por el mallorquín Jaume Matas recuerda que la ley de costas otorga a la Administración del Estado las competencias del dominio público marítimo-terrestre por lo que, asegura, seguirá «realizando actuaciones de regeneración y recuperación de las playas de Balears». De esta forma el ministerio afirma tener potestad para intervenir en dicho dominio marítimo-terrestre a través de obras calificadas de interés general y también se atribuye las competencias para «otorgar concesiones y autorizaciones para un uso privativo» dentro de este espacio.

El Gobierno señala que presentó recurso al decreto sobre Planes de Ordenación del Litoral para evitar «un posible uso abusivo de las competencias de regularización del territorio que pudieran realizar las comunidades» y para «evitar conflictos que supongan la paralización de actuaciones urgentes y beneficiosas para el medio ambiente más allá de intereses políticos». La sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 21 de mayo también especificaba que cualquier actuación que realizara el ministerio tiene que contar con el visto bueno del Govern y del ayuntamiento de la zona donde se ubique el proyecto. Sin embargo desde Madrid se asegura que, según la ley de costas, la Administración del Estado seguirá solicitando informes al ayuntamiento y a la comunidad autónoma, «informe que no podrá ser desfavorable si se ajusta a los planes de ordenación».

Cabe recordar que la Conselleria de Medi Ambient ha elaborado informes negativos de los proyectos del paseo marítimo de la Colònia de San Jordi, la regeneración de la playa de Sant Antoni y del carril bici en Formentera. Fuentes del departamento autonómico recordaron, en este sentido, que ellos no han discutido la capacidad de Madrid para realizar proyectos en la costa de las Islas, «lo que se discute es su capacidad para ordenar en el litoral». Las mismas fuentes señalaron que cuando no existen planes de ordenación, como es el caso de Balears, se exige un acuerdo institucional a tres bandas y recordaron que, en lo referido a los informes desfavorables «se puede llegar a un acuerdo si existe diálogo».