JAVIER RODRÍGUEZ23/06/01 0:00
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Al menos siete inmigrantes que trabajaban en la explotación agraria inspeccionada el pasado miércoles por la Policía Nacional, y donde se detectó a 23 trabajadores indocumentados, han presentado denuncias en la comisaría por «explotación laboral», según aseguraron ayer fuentes cercanas a la investigación. De esta forma ya son diez las denuncias interpuestas por los propios trabajadores contra el propietario de las fincas de Inca y de la carretera vieja de Sineu, que además es el mayor productor hortofrutícola de la Isla. Las mismas fuentes aseguraron que las nuevas denuncias «son muy similares» a las interpuestas inicialmente por tres ecuatorianos que habían trabajado en la empresa, es decir, acusan al empresario de retenerles los documentos y parte de su sueldo argumentando que eran para llevar a cabo la tramitación de permisos.

Los inmigrantes, asimismo, señalaron en las primeras denuncias que aquellos que no tenían papeles cobraban menos que sus compañeros regularizados y que la vivienda facilitada por el propietario carecía de agua y luz. La hija del titular de las fincas, que consta como gerente de la empresa, fue a declarar ayer a la policía sobre estas denuncias y, aunque no quiso hacer declaraciones a la prensa, defendió en todo momento la legalidad de su trato a los inmigrantes.

En estos mismos términos se manifestó el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Mas, quien aseguró que la vivienda que ocupaban los trabajadores «es totalmente habitable». Mas aseguró estar intensificando los contactos para acelerar la regularización de los trabajadores del sector agrario y señaló que los dos menores detectados por las fuerzas de seguridad «son los hijos del capataz de la finca».

Por su parte, la delegada del Gobierno, Catalina Cirer, defendió la actuación de la policía y rechazó las críticas del conseller de Treball, Eberhard Grosske, quien aseguró que las inspecciones «generan pánico en el sector agrario». Cirer, en este sentido, afirmó que el objetivo de la operación era comprobar si las denuncias de los trabajadores «eran ciertas» y que nunca se planteó «como una persecución a los inmigrantes ilegales sino una persecución a posibles empresarios explotadores de este colectivo». La delegada del Gobierno justificó su afirmación recordando que durante la intervención varios inmigrantes escaparon por el campo «y nadie fue detrás de ellos». Sin embargo, el portavoz del Govern, Antoni Garcias, aseguró en relación con este tema que «los políticos deben tratarlo con las menos actuaciones policiales posibles».