Los ayuntamientos del PP critican la moratoria; Calvià la aprueba con matices

El teniente de alcalde de Urbanismo del Ajuntament de Palma, Rafel Vidal, señaló que consideraba la moratoria como «un medida fuerte y drástica», dijo, para añadir: «Por desgracia, aumentará considerablemente el precio de la vivienda». Vidal señaló que Cort recauda al año entre 1.500 y 2.000 millones de pesetas por licencias de obras, «pero con la moratoria recaudaremos bastante menos», añadió. «Mientras no se consuma territorio creo que sería bueno poder edificar».

Fuentes del equipo de goiberno de Calvià señalaron que la moratoria «está bien pero con matices. Por una parte, no frena la gran presión de las viviendas unifamiliares en Calvià; por otra, tira por los suelos toda la programación de viviendas sociales impulsada por el Ajuntament. En este sentido, nos ha coartado toda la política de viviendas».

Eugenio Hidalgo, delegado de Urbanismo de Andratx, cree que la medida es «demasiado atrevida»: «No evita el consumo de más territorio pero favorece a quienes ya tienen obras en marcha. En Andratx, el boom de viviendas plurifamiliares ya había pasado y creo que a corto plazo no se va a notar. Atenta contra el derecho a la propiedad».

Miquel Coll (PSOE), coordinador del área de Urbanismo de Marratxí, aún estudia la propuesta pero cree que «todo lo que sea racionalizar el crecimiento es positivo porque el ritmo actual dificulta dar servicios».

Joan Arbona (PSM), alcalde de Sóller, dice que esta suspensión «es una cortina de humo por las cuotas» a la que no ve fundamento. En su municipio, opina que «crea graves problemas en Sóller porque paraliza numerosos proyectos de viviendas sociales destinadas a los jóvenes».

El alcalde de Inca, Pere Rotger, dice: «La moratoria irá en detrimento de los más necesitados y pone de manifiesto una promesa incumplida del presidente Antich que cuando vino a entregar las llaves de las viviendas sociales. Es una cuestión de imagen y los miembros del pacto se están retando a ver quién protege más».

El alcalde de Campanet, Francesc Aguiló (PSM), dice: «Nos han cerrado la puerta a la construcción de viviendas de protección oficial aunque creo que todas las medidas que frenen la construcción tienen algo de bueno. Los promotores debían saberlo porque en los últimos meses hemos recibido un alud: En 10 meses han entrado 3 bloques de pisos».

El alcalde de Maria de la Salut, Jaume Mestre (PSM), está molesto: «No entiendo por qué el Govern quiere incentivar la construcción de viviendas de protección oficial y el Consell aprueba la moratoria».

En Alcúdia se da a circunstancia de que la cantidad de solicitudes de licencia que está tramitando en estos momentos el Ajuntament garantizan que no se parará la construcción.

El delegado de Urbanismo de Llucmajor, Joan Jaume (PP), afirma que «una vez más el Consell invade las competencias de los ayuntamientos sin tener en cuenta que los planeamientos». Sobre las consecuencias de la moratoria, Jaume dice: «La crisis económica la creamos nosotros mismos y la preocupación es grande».

El alcalde de Santanyí, Miquel Vidal (PP), explicó: «Es increíble que el Govern defienda la vivienda de protección oficial y luego las paralice». Con la suspensión «saldrán favorecidas las empresas más poderosas».

Andreu Prohens (PP), alcalde de Campos, ha asegurado: «Se invade el terreno privado y no creo que sea correcto desde el punto de vista jurídico. La moratoria planteada por el Consell encarecerá las viviendas y de hecho, la economía se verá afectada».

El alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós (GISC), comenta que «es una postura correcta y puede llegar a ser beneficiosa a largo plazo».