El sector de la construcción y los promotores inmobiliarios de las
Islas consideran que la nueva moratoria anunciada por el Consell de
Mallorca tendrá efectos muy negativos en la construcción, aumentará
el caos urbanístico y provocará desempleo entre los trabajadores
del sector. La preocupación entre la Asociación de Promotores de
las Islas es tan patente que su presidente, Juan Matemalas, anunció
ayer que solicitarán una entrevista con la presidenta de la
institución insular para conocer de primera mano las intenciones
del Consell. Matemalas explicó que, una vez celebrada esta reunión,
convocarán una asamblea para estudiar con detenimiento las
consecuencias de nuevo parón urbanístico anunciado por la
institución insular.
Matemalas aseguró que su preocupación se centra no en las
consecuencias que esta medida pueda tener en el sector de la
construcción y la promoción, sino en las consecuencias sociales
derivadas de su aplicación. El presidente de los promotores
reconoció que existe cierto número de licencias que ya están en
vigor, que todavía no se han ejecutado y que se podrán poner en
práctica a pesar de que ya haya entrado en vigor la moratoria. A
pesar de que aseguró que es muy difícil calcular cuantas licencias
se mantienen vivas, el presidente del Colegio de Arquitectos,
Antoni Ramis, afirmó que el llamado «efecto grúas» se seguirá
manteniendo debido a estas licencias que se mantendrán vivas pese a
la moratoria.
El Colegio de Arquitectos visó ayer más proyectos de los
habituales, si bien no tienen ninguna posibilidad de prosperar si
la moratoria entra el vigor el lunes, tal y como anunció el
Consell. La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) envió ayer un comunicado que abunda en la línea de lo
expuesto por Matemalas. En su opinión, la anunciada moratoria es
una medida «profundamente negativa» para la economía. Para la CAEB,
esta paralización provocará efectos negativos no sólo en la
economía de las Islas, sino en la sociedad «dado que miles de
trabajadores y de empresas relacionadas con el sector de la
construcción verán paralizada progresivamente su actividad y, por
tanto, aumentará el nivel de desempleo en nuestra Islas».
La CAEB considera además que esta medida afectará especialmente
a los inmigrantes «siendo imprevisible lo que acontezca con
posterioridad en relación a dicho colectivo en condiciones de
precariedad económica». Tampoco el PP ocultó ayer sus críticas a la
propuesta presentada por el Consell. Para el portavoz de este
partido e el Consell, Jaume Font, los dirigentes del Pacte de
Progrés «quieren que la gente vaya a vivir a cocherías con los
colchones tirados en el suelo». Font consideró que la suspensión es
desproporcionada y además no servirá para frenar el consumo de
territorio. Añadió que afectará principalmente a los jóvenes, que
no podrán acceder a una vivienda ante el previsible aumento de los
precios.
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