El president del Govern, Francesc Antich, firmará mañana un
convenio con constructores y promotores para edificar viviendas de
régimen general que se verán afectadas por la moratoria que va a
aprobar próximamente el Consell Insular de Mallorca. El Ejecutivo
autonómico justificó ayer que el convenio que se firmará con los
constructores "y que ha sorprendido a algunos de los socios de
Antich" había sido negociado desde hace meses, aunque la rúbrica
del acuerdo se producirá en plena polémica por la decisión del
gobierno de Munar de paralizar todo tipo de viviendas en Mallorca,
una medida que ha sido cuestionada públicamente por el propio
president Antich al afectar también a los pisos de protección
oficial.
El convenio entre el Govern y los promotores y constructores
regula la promoción de viviendas para familias con rentas medias,
que en la actualidad no pueden acceder a pisos sociales por sus
ingresos económicos y que también tienen dificultades para adquirir
una vivienda en el mercado libre. El acuerdo no fija ni el número
de viviendas que van a construirse ni tampoco el período en que los
pisos deberían edificarse. Sólo es, según reconoció el propio
Govern, un acuerdo de intenciones para que los constructores se
comprometan a impulsar viviendas para familias de rentas medias con
unos precios por debajo del mercado inmobiliario. En cualquier
caso, el convenio que firmarán mañana Antich y los constructores
también se verá paralizado por la moratoria que aprobará el Consell
Insular de Mallorca en el pleno del día 26, y que estará en vigor
hasta la aprobación del plan territorial.
Mientras tanto, algunos partidos del Pacte de Progrés anunciaron
ayer de forma extraoficial que están dispuestos a votar en contra
de la moratoria del Consell en caso de que no sea modificada para
excluir a las viviendas sociales. Esta postura se hace oficial 24
horas después de que todos los partidos del Pacte de Progrés, sin
excepción, anunciasen que apoyarían la moratoria que ha promovido
el Consell Insular de Mallorca con críticas del propio Govern, que
el mismo viernes, a través del conseller Antoni Garcías, se encargó
de recordar a Munar que necesitaría los 17 votos del Pacte de
Progrés para poder sacar adelante su norma cautelar para frenar el
crecimiento urbanístico. Sin embargo, desde el gobierno de Munar
recalcaron ayer mismo que no tenían constancia de que se hubiese
producido ningún cambio de postura de alguno de los partidos del
Pacte en relación a la moratoria. «Todo sigue igual: la moratoria
se aprobará el día 26 y todos los partidos del Pacte la van a
apoyar», declaró a este periódico un miembro del Consell
Executiu.
Precisamente, el Consell Executiu del Consell Insular de
Mallorca aprobará hoy, en el transcurso de la primera reunión que
celebra, el texto de la moratoria que será ratificado en el
plenario del día 26. Dicho documento prevé la congelación de la
edificación de nuevas viviendas, y no se fija ninguna excepción
para los pisos sociales. De hecho, Unió Mallorquina ya advirtió en
la reunión celebrada el pasado sábado que era muy peligroso excluir
las viviendas sociales de la moratoria ya que provocaría problemas
jurídicos que invalidarían el acuerdo que adoptase la institución.
UM ha recordado que las viviendas sociales pueden ser revendidas
por su propietarios, que tendrían la posibilidad de situar el valor
del inmueble al del mercado.
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