El president de Govern, Francesc Antich, firmó ayer un convenio con
el presidente de la Asociación de Promotores, Juan Matemalas, para
facilitar la construcción de vivienda de protección oficial, a
pesar de que la moratoria aprobada inicialmente por el Consell
congela también este tipo de actuaciones. A pesar de esta
situación, el president aseguró que el convenio se firma con la
idea de que pueda llevarse a cabo. Aseguró que el Pacte está
todavía discutiendo la moratoria y se mostró convencido de que la
protección del territorio no es contradictoria con la defensa de
las personas más desfavorecidas económicamente y que no pueden
adquirir una vivienda.
«Hay que hacer estas políticas sociales para la gente con menor
poder adquisitivo», señaló Antich, quien añadió que un Govern que
cree en esta política «no puede prohibir hacer este tipo de
viviendas». Antich pidió capacidad de diálogo a UM para llegar a un
acuerdo «que vele por la gente más modesta de este país». El
president reconoció que la manera en que UM ha presentado la
propuesta de moratoria, sin un consenso previo, no ha sido el mejor
sistema para alcanzar un acuerdo, pero también recordó que, en
otras ocasiones, el Govern ha actuado como UM, como es el caso de
la Ley de Parejas de Hecho.
«Quiero que quien ganen sean los ciudadanos y ciudadanas de las
Islas», afirmó el president sin querer entrar en la polémica de
vencedores y perdedores. Sin embargo, el president recordó que la
propuesta debe seguir negociándose, como se ha hecho con otras
iniciativas. Por lo que respecta al contenido del convenio, el
director general d'Arquitectura i Habitatge, Jaume Carbonero,
explicó que el Govern ofrecerá suelo público a los promotores para
que puedan iniciar viviendas en condiciones más baratas. Los
promotores construirán las viviendas, pero será el Govern quien
fije el precio y conceda las viviendas entre los solicitantes. Con
este convenio, se podrán construir de inmediato 24 viviendas en
Deià y 14 en Mancor, si la moratoria no las suspende.
Carbonero reconoció que, en estos momentos, el Ibavi dispone de
muy poco suelo urbano público disponible ya que se ha empleado para
poner en marcha el plan de 2.000 viviendas previsto para estos dos
años. Para solventar este problema, Carbonero explicó que se está
trabajando en los terrenos urbanizables para elaborar los planes y
poder recalificar los terrenos a suelo urbano. Por lo que respecta
a la opinión de los promotores, Juan Matemalas aseguró que este
convenio permitirá poner en el mercado viviendas de protección
oficial para los jóvenes y personas con menor poder adquisitivo.
Aseguró además que, de esta forma, los organismo públicos no harán
competencia a los promotores privados y recordó que el 80 por
ciento de las VPO que se construyen son por cuenta de la iniciativa
privada.
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